La Cámara de Diputados mexicana aprobó el pasado miércoles la extinción de 109 fideicomisos, fondos de dinero público gestionados por una entidad privada que financian actividades de investigación, cultura o ayuda humanitaria. Las políticas de austeridad económica fijadas por el Gobierno suponen que el ahorro de estos 68.000 millones de pesos servirá para hacer frente a la pandemia y reducir la corrupción entre otras medidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el dinero seguirá llegando a los proyectos: “Vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo”. Sin embargo, los partidarios del mantenimiento de estos fondos opinan que su extinción solo causará más opacidad al pasar la gestión de las ayudas exclusivamente al Estado. Algunos de los afectados cuentan cómo serán sus vidas y sus trabajos con la desaparición de las ayudas.
Familiares de desaparecidos, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)
GEMMA ANTÚNEZ FLORES
Tiene 54 años y lleva nueve buscando a su hijo desaparecido en Guerrero. Con el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera sale a averiguar dónde está. Gracias al fondo, ella y otras mujeres pueden pagar los traslados hasta los lugares de búsqueda, la seguridad que necesitan mientras escarban en la tierra, una escasa manutención para los huérfanos y hasta los picos y palas con los que trabajan. Este fondo menguante (FAARI) tenía disponibles 678,6 millones de pesos (32,1 millones de dólares) en diciembre de 2018, los últimos datos disponibles. “Hay mucha gente que se ha lucrado con esto, todos lo sabemos, pero hay que hacer una revisión y que se haga una limpieza. Lo ven desde el escritorio y nos dejan desamparados”, expresa. Flores asegura que hay más de 73.600 familias que dependen de estas ayudas y, con su desaparición, advierte de que muchos jóvenes con padres desaparecidos y al borde de la pobreza se irán por “el mal camino”. Llevan cuatro meses sin recibir nada y cada vez es más difícil pagar las tortillas de los niños y las horas del “cíber” para que estudien durante la pandemia. “Si nos enfermamos tenemos que sacar dinero de las reservas para alimentación, no podemos trabajar mientras viajamos a Ciudad de México a exigir que aparezcan los desaparecidos”, relata.
MÓNICA DEL CARMEN
¿En cuántas películas podría haber trabajado sin estas ayudas? “En ninguna”, dice Mónica del Carmen (38 años, Oaxaca), una actriz que ha trabajado en más de 20 producciones cinematográficas y obras teatrales. Este fideicomiso, con un monto de 73 millones de pesos en su última convocatoria, ha financiado casi 300 proyectos de cine mexicano. Tras los continuos recortes de ayuda al sector y un año de pandemia sin haber podido rodar, la extinción de este mecanismo es ya el golpe de gracia. “De ahí sale mi sueldo”, afirma la protagonista de Año Bisiesto, unos 60.000 pesos (2.800 dólares) que cobra durante dos meses y que deben durarle otros cinco, hasta la siguiente película. “Organizo talleres, tengo un negocio de venta de miel, soy coach de actores, le debo 150.000 pesos al banco. No me enriquezco con esto, no soy corrupta”, sentencia. La actriz explica que para presentar un proyecto hay que tener un presupuesto conciso para que un jurado especializado en cine determine si se lleva dinero y cuánto. “Dicen que quieren eliminar a los intermediarios pero es mentira. Ahora el filtro serán los senadores y diputados en vez de un jurado especialista en cine con criterio”, asegura.
BEATRIZ XOCONOSTLE
“Hicimos nuestro mejor esfuerzo apoyados por el fideicomiso”. “Nos permite [el fideicomiso] hacer actividades de emergencia”, dice la biotecnóloga del Cinvestad Beatriz Xoconostle (Ciudad de México, 57 años). Desarrollaron un un kit de detección rápida para la covid-19 a principios de este año. “Lo presentamos en marzo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para decir que México estaba preparado [frente al virus]”, cuenta. La producción de estos kits fue tal que terminaron exportándolos a otros países como Venezuela y cubrieron la demanda del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, argumenta. Xoconostle apunta que la exportación de kits sirvió para dar ingresos extra a los laboratorios. Ahora trabaja en una prueba que pueda determinar si una persona con síntomas respiratorios tiene la covid o solo influenza, la llegada de la segunda enfermedad no augura un panorama muy halagüeño, según Xoconostle. “Ese cóctel va a ser muy peligroso, es muy importante tener una prueba que decida si una persona debe ir a una zona covid o no, ya que son lugares que tienen un alto grado de contagio”, comenta. Ahora mismo tratan de encontrar financiación para sacar adelante la iniciativa, que sin el fideicomiso corre peligro. Esta científica apuesta por el entendimiento. “Somos de alta especialidad, trabajamos las horas que hagan falta, siempre andamos entre libros, estudiantes, y no lo consideramos un sacrificio, es un gusto, una pasión, nuestra razón de ser”, explica. Y concluye: “Ojalá pudieran escucharnos y que sepan que estamos del mismo lado”.
JOSÉ MERVYN
Perdió la casa de sus padres en el sismo de 2017. Fue entonces cuando José Mervyn (35 años, Oaxaca) descubrió que existía el FONDEN, que cuenta con un monto de 38.163,3 millones de pesos (1.800 millones de dólares) para reconstruir infraestructuras tras una catástrofe de esta naturaleza. “Con ese dinero tuvimos una base de arranque para poder empezar de nuevo”, asegura. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio una ayuda de 120.000 pesos para los que perdieron la totalidad de su propiedad. “No es suficiente para reconstruir la vivienda que has perdido pero daba para poner los cimientos”. El dinero fue entregado en tarjetas para gastar en unas empresas concretas. Aun así, se registraron varias irregularidades y Mervyn se queja de que debían comprar material a unos pocos sin apenas margen de decisión o alternativas. Pese a todo, defiende que ese dinero les permitió volver a empezar, especialmente en una zona constantemente amenazada por terremotos. “El pasado junio hubo otro sismo muy fuerte y dejó afecciones en la costa de Oaxaca”, narra. Ante la desaparición del FONDEN añade dos preguntas: ¿A través de qué mecanismo podremos acceder a apoyos si vuelve a haber un sismo destructivo? ¿Cómo vamos a poder atender a todas las personas que perderían sus propiedades?».
posa junto a unos muebles de madera en contrucción
Periodistas amenazados, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
PEDRO CANCHÉ
Comenzó a recibir amenazas de muerte por WhatsApp un mes después de escribir sobre la estancia en una cárcel de Panamá del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Pedro Canché (50 años, Quintana Roo) también cubrió las protestas mayas por la subida del agua en su Estado y poco después pasó nueve meses en prisión por un delito de “sabotaje”. Se considera a sí mismo el periodista más amenazado de su Estado natal, lo que justificó su entrada en el mecanismo de protección para periodistas, nutrido por un fideicomiso de casi 130 millones de pesos (6,1 millones de dólares) que no llega para cubrir todas las necesidades de seguridad. “El mecanismo está pagando un botón de pánico. Me instalaron cámaras de vigilancia pero están obsoletas y no graban las matrículas. No las pueden cambiar, no hay presupuesto”, detalla Canché, quien tampoco podrá acceder al vehículo blindado que le ofrecieron. El periodista estima que hay al menos 700 compañeros de profesión protegidos por este mecanismo en México, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo junto a Siria, según Reporteros sin Fronteras. Canché reconoce que el mecanismo funcionaba con imperfecciones, pero que pese a todo les ha protegido y dado un soporte. Ante la posible desaparición de este fideicomiso, al periodista le preocupa verse vulnerable ante nuevas amenazas. “López Obrador se roba las vidas, las pone al garete. Si no funciona, a este mecanismo hay que ponerle alternativas, pero aquí quitan una cosa y te dejan sin nada. Ha habido un enorme trabajo para protegernos y se lo han llevado. Nos está poniendo en peligro total”, sentencia.
Exbraceros, Fondo de Apoyo a Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
LUCIO GUTIÉRREZ / GREGORIO NIETO / JOAQUÍN RODRÍGUEZ
El movimiento de exbraceros reclama desde hace décadas que el Estado mexicano les devuelva lo que les debe. En 2005 se creó el fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para estos antiguos migrantes, pero muy pocos han recibido la ayuda, fijada en 38.000 pesos mexicanos (alrededor de 1.800 dólares). Gregorio Nieto (78 años), Joaquín Rodríguez (79 años) y Lucio Gutiérrez (89 años) formaron parte del Programa Bracero, vigente entre 1942 y 1964, a través del cual casi cinco millones de mexicanos viajaron legalmente a Estados Unidos para trabajar en el campo. Durante ese tiempo, un 10% de su salario fue retenido con la promesa de ser devuelto cuando regresaran a México. Sin embargo, no fue así, muchos de ellos, de hecho, ni siquiera sabían que les estaban reteniendo ese dinero. “No nos dijeron nada, tenemos un buen rato peleando esto”, cuenta Nieto, mientras que Rodríguez y Gutiérrez aseguran que tampoco sabían nada. Ninguno de los tres ha recibido compensación alguna, a pesar de que tienen los documentos de la época que acreditan que estuvieron trabajando en California hace más de 60 años. Mary Puebla, del Frente Binacional de Ex Braceros, afirma que solo se han visto beneficiados 200.000 de los millones que marcharon a trabajar. Además, la compensación de 38.000 pesos que daba el fideicomiso que ahora desaparece no se corresponde con la real, según los activistas, que se basan en un estudio de la UNAM que afirma que a cada bracero se le debe 1.096.000 pesos (51.800 dólares). En 2018, este colectivo prestó su apoyo a López Obrador, que les prometió que recibirían la ayuda real que reclaman, pero ahora desaparece el fideicomiso, y con él, el único logro tras décadas de lucha. Uno de los coordinadores del Frente Binacional es Fidel Chávez, su padre fue bracero y “gracias a su esfuerzo” él es hoy ingeniero. Piensa que nunca se ha reconocido a los braceros como se merecen: “Es una ingratitud, es una actitud olvidadiza por parte de todas las autoridades, las actuales también”.
Gregorio Nieto, 78 años; Joaquín Rodríguez, 79; y Lucio Gutiérrez de 89 fueron braceros hace más de 50 años en Estados Unidos.
