Las investigaciones sobre la caída del helicóptero en la cual murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle determinaron que la aeronave tenía fallas en una pieza y la empresa propietaria lo sabía, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espríu.

Al presentar el informe final sobre el caso, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal comentó que la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano continúo con la operación del helicóptero a pesar de las fallas presentadas.

De acuerdo con el informe, las fallas que se detectaron en la aeronave donde viajaban la gobernadora y su esposo fueron en uno de los actuadores lineales que mueven las aspas del motor principal, en el cual se descartaron fallas.

“(El helicóptero) no debió haber volado, debió haber estado en tierra”, sentenció Jiménez Espriú tras afirmar que por la falla no era “aeronavegable”.

El secretario detalló que la pérdida de control del helicóptero se debió “a un alabeo (movimiento) repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”.

“Se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera simultánea, sin haber sido comandados”, añadió.

Al conocer al menos desde seis meses antes de la falla, la compañía propietaria envió el helicóptero a mantenimiento y se quiso hacer efectiva la garantía de un actuador, pero como no se resolvió el problema, la SCT iniciará auditorías a la empresa y al taller responsable.

Las auditorías técnicas y administrativas se harán a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services, además de que se suspenderá de forma temporal sus operaciones hasta contar con el resultado de las revisiones.

Jiménez Espriú también informó que se han aplicado multas por alrededor de 300,000 pesos y el informe final será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía del Estado de Puebla para continuar con las investigaciones correspondientes.