La decisión de Ismael Moreno, titular del juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, se encontraba en paradero desconocido desde hace un año.
El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado «su intención de sustraerse a la acción de la justicia». Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba con él una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solis Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejado una pena de hasta 15 años de cárcel. El exejecutivo asegura que llegó al país hace «solo dos días».
Pero la investigación final para arrestar a Lozoya arrancó a principios de 2020, cuando la Policía Nacional recabó los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su «alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización», según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.
Es más, los investigadores creen que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su madre, Gilda Austin, fue detenida el pasado julio en dicho país. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario Süddetsche Zeitung, en el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. «Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción», dijo entonces en respuesta a los periodistas.
Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención y este jueves le ha contado al juez que, a diferencia de lo relatado por los investigadores, llegó a España «hace solo dos días».
Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, se encuentra acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dolares (257 millones de euros).
Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.
Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.
Información de: el País
