En un artículo de opinión publicado en The New York Times el 11 de junio, Abraham F. Lowenthal y David Smilde propusieron una visión humanista para las “negociaciones de Oslo” entre representantes del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro y la oposición democrática, encabezada por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.
Según Lowenthal y Smilde, “Las divisiones dentro de la coalición de Maduro que quedaron al descubierto durante el fallido levantamiento del 30 de abril, junto con la infructuosa petición de Juan Guaidó de apoyo a las fuerzas armadas, pueden haber persuadido finalmente a personas clave de ambos bandos de que la única forma viable de avanzar es una transición negociada”.
Para apoyar este argumento, los autores ofrecen ejemplos de “transiciones negociadas” anteriores, como las de Chile en 1988 y Polonia en 1989. Sin embargo, ninguno de los dos casos puede aplicarse a la Venezuela de Maduro, que no es una dictadura militar como la de Augusto Pinochet ni un régimen comunista clásico.
Venezuela, como describió en una entrevista con The Hill en mayo el almirante de la Armada Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, “es una mafia… un negocio ilícito que [Maduro] dirige con sus 2.000 generales corruptos. Está arruinando el país. Y los efectos de eso están agravando cualquier otro problema de seguridad en nuestro vecindario. Cada problema de seguridad es empeorado por Venezuela”.
En la entrevista, Faller se refirió a los traficantes de oro y de drogas de Venezuela, que están ayudando a financiar los remanentes de la guerrilla comunista de las FARC en Colombia. “Los datos y las estadísticas muestran que su número ha aumentado debido a lo que pueden ganar en términos de libertad de maniobra y la oportunidad económica que obtienen del tráfico ilícito y de la asociación con el régimen de Maduro”, dijo Faller. “El narcotráfico ilícito a través de Venezuela ha aumentado un 40 por ciento”.
Además, según un informe del 1 de mayo en The Miami Herald:
Preocupado por los signos de insatisfacción en los cuarteles, el régimen de Nicolás Maduro está tratando de comprar la lealtad de las fuerzas armadas de Venezuela aumentando su acceso a préstamos y otros beneficios y dándoles el control de las empresas, según documentos internos y fuentes militares.
La iniciativa, que se basa en una práctica iniciada por el difunto Hugo Chávez, fue adoptada en medio de una desconfianza generalizada entre Maduro y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y una ola de arrestos de oficiales militares a principios de este año.
Maduro aumentó la participación de oficiales militares en su gobierno en julio de 2017 y ahora es aún mayor que durante la era de Chávez. Diez de los 30 ministerios están en manos de oficiales de las fuerzas armadas, y el Ministro de Defensa Vladimir Padrino López controla el sector crítico de la distribución de alimentos.
Otros cargos clave del gobierno en manos de los funcionarios son el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el General de la Guardia Nacional Néstor Reverol; el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana, encabezado por el General Gustavo González; el Ministerio de Producción Agropecuaria y Tierras, encabezado por Wilmer Castro Soteldo; y el Ministerio de Energía Eléctrica, encabezado por el General Luis Motta Domínguez.
Para empeorar las cosas, muchos de los 2.000 generales de Maduro también están muy involucrados en el tráfico de drogas, ayudando a las mismas redes que se supone que deben combatir. Estos militares/traficantes de drogas han llegado a ser conocidos como el “Cartel de los Soles” debido a “las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras”.
Mientras tanto, gran parte del país también está controlada por “pranes”, señores del crimen que dirigen bandas desde las prisiones del país.
Las fuerzas de seguridad venezolanas, que reprimen duramente a los disidentes, han contado durante años con la ayuda de Cuba, cuyo propio régimen “socialista” fue creado con la ayuda de la Unión Soviética leninista en la década de 1960. En mayo de 2014, el general Raúl Baduel, ministro de Defensa venezolano bajo la dirección de Hugo Chávez, que más tarde estuvo detenido en la prisión militar de Ramo Verde, dijo a The Guardian que los cubanos “han modernizado los servicios de inteligencia…. crearon una unidad especial para proteger al jefe de Estado y.… computarizaron los registros públicos de Venezuela, dándoles control sobre el tema de los documentos de identidad y el registro de votantes. Tienen representantes en los puertos y aeropuertos, además de supervisar a los extranjeros”.
Mientras que la mayoría de los estudios militares estadounidenses sobre Venezuela se centran en sus fuerzas armadas, existe una estructura de seguridad paralela en la que se apoya Maduro: los “colectivos” entrenados por los cubanos y que siguen el modelo del Comité para la Defensa de la Revolución de Fidel Castro de 1960. Los miembros de los colectivos operan como bandas armadas de motociclistas que han estado aterrorizando e incluso matando a manifestantes anti-Maduro.
En lo que respecta a la peligrosa influencia exterior, en testimonio ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el 1 de mayo de 2019, el Almirante Faller dijo:
Irán también está tratando de revitalizar sus actividades de divulgación después de haber reducido sus esfuerzos en América Latina y el Caribe en los últimos años. Ha profundizado su campaña contra la influencia de Estados Unidos en los medios de comunicación de habla hispana, y su representante libanés Hezbolá mantiene redes de facilitación en toda la región que almacenan armas y recaudan fondos, a menudo a través del narcotráfico y el lavado de dinero.
Como explicó el autor libanés y profesor de historia de la Universidad Americana de Beirut, el Dr. Makram Rabah, en 7Dnews en febrero:
La supervivencia de Hezbolá depende en gran medida del actual régimen venezolano, que ayuda al grupo a blanquear su dinero [y] se beneficia de las redes de narcotráfico no sólo para blanquear dinero, sino también para obtener datos de inteligencia recopilados por organizaciones criminales internacionales.
En abril, Mayhan Air, una aerolínea privada iraní sancionada por Estados Unidos por proporcionar apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), inició vuelos entre Teherán y Caracas.
Este florecimiento de los vínculos entre Venezuela e Irán, el mayor Estado patrocinador de terrorismo del mundo, no debe ser tratado por Estados Unidos como secundario a la crisis del Golfo Pérsico, ni el proceso de Oslo dará frutos, porque un Estado mafioso como el de Maduro no puede ser negociado con él. Los matones de la mafia no ceden poder.
