El nombramiento del próximo fiscal general de México se ha convertido en una carrera contrarreloj. En los últimos dos días, el Senado ha visto ir y venir a 27 aspirantes, 22 hombres y cinco mujeres. La Cámara alta, con mayoría parlamentaria de Morena, el partido gobernante, ha acelerado el periodo de comparecencias y ha decidido que los candidatos tengan solo 10 minutos para explicar por qué deben ocupar un cargo de nueve años. De este filtro pasarán este miércoles 10 personas y el Ejecutivo elegirá una terna que se volverá a votar en el Senado para definir al próximo titular. La instrucción es clara: el país no puede esperar más y debe cubrir cuanto antes una vacante que no se ha llenado desde octubre de 2017, nueve meses antes de la última elección y aun más tiempo desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente, el 1 de diciembre.
La sesión extraordinaria de la comisión de Justicia recuerda, por un momento, a un programa de concursos o a la típica escena de los candidatos a un puesto de trabajo que esperan antes de ser llamados. Todas las comparecencias empiezan igual. «El procedimiento es el siguiente», anuncia Julio Menchaca, senador de Morena y el presidente de la reunión. «Frente a usted hay un cronómetro, tendrá hasta 10 minutos para compartir con las senadoras y los senadores por qué debieran nombrarle fiscal general», continua el presidente de la comisión y sigue sin tener tiempo de perder: «Un minuto antes de que venza ese plazo, le pasarán una tarjeta para que pueda organizar su cierre». Y en ese momento, un reloj digital con los números en rojo comenzaba a correr.
En ese punto comienza la lectura del currículum, el recuento de sus principales logros, los años de experiencia en el servicio público, las cátedras que han impartido, las vivencias y anécdotas personales, las recomendaciones de política pública. «He sido amenazado de muerte por no caer en la corrupción», contaba José Campos Murillo. «Penosamente, no veo a los 15 integrantes de la comisión de justicia, ¿no les importa?», reclamaba Miguel Nava, quien se dijo “escéptico” de participar en un proceso de designación en el que participara el presidente: “Señor presidente, no ponga a sus amigos ni a los que trabajan con usted”. «No vengo ni por la paga ni por el beneficio propio», aseguraba Roberto Masón. «Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles por esta oportunidad de conocerme», decía Josué Ontiveros. Fueron 10 minutos de exposición, sin espacio para preguntas.
Algunos como Luis Pérez de Acha, uno de los abogados más reconocidos del país, dejaron las cuestiones curriculares del lado y dieron un diagnóstico de los problemas que arrastra México en procuración de justicia: corrupción, violaciones graves de derechos humanos, redes de defraudación fiscal y el embate de la delincuencia organizada. Durante las 12 intervenciones de este martes, los ojos estaban puestos en las comparecencias de Bernardo Bátiz y Alejandro Gertz Manero, dos de los candidatos con más posibilidades de encabezar el nuevo organismo. Bátiz, de 82 años, fue uno de los candidatos que adelantó López Obrador durante la campaña y Gertz Manero ha sido nombrado encargado de despacho por el presidente.
El fondo de una discusión jurídica que se ha extendido desde 2014 es si México puede pasar de un fiscal que formaba parte del Gabinete presidencial a un fiscal independiente. Esa es la primera cuestión que han tenido que atajar Bátiz y Gertz Manero durante sus comparecencias. «Nunca recibí ninguna indicación ni consigna y yo nunca las hubiera aceptado», ha afirmado Bátiz, fiscal durante el periodo de López Obrador como jefe de Gobierno entre 2000 y 2005. Gertz Manero hizo un repaso de los rezagos que ha arrastrado la PGR desde 1984 con 205.000 carpetas de investigación sin resolver y con 22.000 órdenes de aprehensión sin cumplir. «Es inaceptable», ha resumido.
El arrastre de López Obrador durante las elecciones de julio pasado dio a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. A partir de ahí han surgido dos lecturas. Los morenistas buscan dar celeridad a la puesta en marcha de su programa de Gobierno mientras la oposición acusa que se legisla a las prisas y sin contrapesos. La elección del fiscal no ha estado exenta de este debate. El colectivo Fiscalía que sirva, formado por 300 organizaciones civiles que participaron en la creación del nuevo ministerio público, ha decidido no acudir al proceso al que ha tildado de «mera formalidad». «La vía rápida para la designación (…) no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva», ha manifestado el colectivo en un comunicado.
La comisión definirá el miércoles a los 10 candidatos que deberán ser aprobados por dos tercios del Senado. El Ejecutivo tendrá 10 días para mandar la terna de finalistas. México está en los pasos finales para definir la estructura con la que afrontará casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —marcado por la falta de resultados convincentes a cuatro años de haber sucedido— o la red de sobornos de Odebrecht, sin consecuencias judiciales hasta ahora. Lo hace también en medio de la primera gran crisis del nuevo Gobierno por el desabasto de gasolina y la lucha contra el robo de combustible, que ha obligado a iniciar 1.700 carpetas de investigación sin producir aún ninguna sentencia.
Información de: El País
