Celia Maya García, candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que pertenecer a un partido político, en su caso a Morena, no es impedimento legal para lograr dicho cargo en el máximo tribunal de justicia del país.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, señaló que a lo mejor muchos ministros no están anotados en un partido político, “pero siempre hemos sabido en la calle que como la bancada del PRI ya metió uno, el siguiente le tocaba al PAN”.

En su exposición consideró fuera del lugar cuestionar ese tema porque sería “como que yo no tuviera el derecho humano a pensar en lo que está pasando en el país”.

“Sí estoy en el partido Morena, incluso he sido candidata” porque me sumé a un proyecto de cambio que quería que se diera, “pero no hago una vida de militancia de partido y siempre he ejercido siempre mi actividad como juzgadora y nunca se me ha tachado quehe partidizado un asunto”, sostuvo.

Se refirió al tema de la militarización del país y apuntó que “no nos debemos someter a un mando militar”, sino la nueva Guardia Nacional debe estar bajo un mando civil.

“No estoy en contra que ellos (los militares) vayan a enseñar a los policías”, pero el mando debe privilegiar que sea para civiles. ”Yo creo que podemos tener una Guardia Nacional presidida por un civil”, insistió.

Maya García externó su desacuerdo con la reciente reforma aprobada por el Senado de ampliar el catálogo de delitos que son objeto de prisión preventiva porque “estamos por el principio de presunción de inocencia”.

La aspirante a ministra del alto tribunal ha sido agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, asesora jurídica en las áreas civil y penal en el sector empresarial, jueza en Materia Civil titular del Juzgado Tercero de la ciudad de Querétaro y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso la creación de una ley modelo para unificar procedimientos en los poderes judiciales del país, donde –advirtió— hace falta evitar la intromisión de los gobernadores.

Al comparecer ante senadores en la primera ronda de preguntas ante integrantes de la Comisión de Justicia, consideró necesario poner orden en el Poder Judicial no sólo federal, sino de los estados.

Reconoció también que es necesario emitir sentencias con lenguaje accesible y que sean mucho más breves (de cuatro o cinco hojas como en la Quinta Época), además de mejorar su difusión.

Respecto a los sueldos de jueces, magistrados y ministros, sostuvo que probablemente se tenga que acudir a instancias internacionales, porque a cualquiera que le reduzcan el sueldo tiene una reacción.

Entre tanto, “nada nos quita revisar y dialogar”, si bien se acabaron los tiempos de las comitivas de 400 personas que llevaba el presidente (Luis) Echeverría a sus giras. “Debemos ser austeros porque es un país principalmente de pobres y no podemos ostentar la riqueza”.

El candidato dijo que respeta a las dos integrantes de la misma terna en la que él participa, e incluso reconoció tener menos méritos en algunos aspectos, aunque destacó que él ha tenido mucho trabajo en el sistema académico, resaltó que en su vida profesional ha resuelto más de 25 mil casos en materias civil, familiar e incluso penal.

Igualmente se refirió a la impunidad y corrupción, y señaló que hacen falta más sanciones. “Necesitamos como sociedad exigirnos sueldos, prestaciones y no hacernos de la vista gorda para no sancionar la corrupción”.

Reconoció que el Poder Judicial deja qué desear en transparencia, nepotismo y falta de rendición de cuentas, e indicó que el compromiso es de todos, “sancionando más a quien más cultura tiene”.

Es preciso proteger a los sectores más vulnerables, pero también se requiere “hacernos cargo de que en algo nos hemos equivocado, porque la sociedad no se ha descompuesto de ayer, ni de hace tres años, sino de un proceso de pérdida de valores que al menos lleva 30 años“, subrayó.

Dentro de las rondas de preguntas de los senadores, el aspirante a ministro se dijo respetuoso del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en materia de aborto y reconoció que hace falta mejorar culturalmente para evitar la violencia contra ese sector.

En materia de eutanasia, sostuvo que las personas tienen el derecho de exigir calidad de vida y evitar que se llegue al extremo de que la persona pierda la capacidad de decidir.

A su vez, la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, aseguró ante el Senado de la República que, de resultar investida con el cargo, será objetiva e imparcial, aunque reconoció que no tiene forma de probarlo, más que su hoja de vida.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado en el proceso para elegir al ministro que sustituirá a José Ramón Cossío, no negó su cercanía a Morena, pero advirtió que el exministro Salvador Aguirre Anguiano fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y nunca nadie dudó de él.

Lo mismo ocurrió con el propio Cossío Díaz, quien es cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, y sin embargo nunca se dudó de su imparcialidad.

Además, advirtió que “no vengo del litigio, no tengo intereses creados por haber litigado”, y señaló que en el Poder Judicial hay tráfico de influencias o se asumen compromisos.

Se dijo “respetuosísima de la separación de poderes”, pues consideró que no puede haber gobierno democrático si no hay respeto entre poderes, por lo que solo con equilibrio entre poderes respetuosos de la autonomía, es posible hablar de democracia.

Sin embargo, descartó detallar qué piensa del tema de la Ley de Remuneraciones, pues señaló que sería negativo adelantarlo si llegara a ser elegida ministra, pero adelantó que, en todo caso, el análisis se realizará a la luz de los artículos 127 y 94 constitucionales.

Respecto al Tren Maya, afirmó que apoya totalmente el Convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta informando a poblaciones indígenas, aunque aclaró que la obra pretende realizarse sobre las vías que ya existen.

Por lo que respecta al arraigo, Ortiz Ahlf señaló que en México se comete sistemáticamente la tortura a quienes se arraiga, en especial a la sombra de esta figura, por lo cual se manifestó en pro de desaparecerla, lo mismo que contra la prisión preventiva.

Cuantos menos delitos se contemplen dentro de la prisión preventiva, mejor para los derechos humanos, materia en la que a su parecer México está en una situación muy grave.

Información de: Aristegui noticias