Alberto Pérez Dayán, quien ha participado en su carrera en la resolución de más de 25 mil juicios, es el ministro de la Suprema Corte que suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esa ley fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador, como parte de su proyecto de austeridad, para que nadie gane más que el presidente de las República: 108 mil pesos mensuales netos.
Pérez Dayán es originario de la Ciudad de México, donde logró, en 1984, a los 24 años, titularse con mención honorífica como licenciado en Derecho por la Universidad la Salle. Se especializó en derecho constitucional, derecho administrativo y amparo. Hizo estudios en México y el extranjero. En 1992 se doctoró con mención honorífica con la tesis “Teoría General del Acto Administrativo”.
Tiene una carrera de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, donde recorrió todo el abanico de puestos antes de ser designado, en noviembre de 2012, ministro de la Suprema Corte.
Actualmente aspira dirigir el Tribunal Constitucional y busca impulsar el carácter garante de éste en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana, así como impulsar la defensa de la Constitución.
Pérez Dayán ha participado en la resolución de más de 25 mil asuntos, incluidos aquellos analizados en el Tribunal Constitucional, a donde llegó en sustitución del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitía.
Se desempeñó como juez de distrito en Yucatán y Ciudad de México; así como magistrado de circuito en Tabasco y Ciudad de México.
Como integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la capital, Pérez Dayán participó en la resolución del caso El Encino, uno de los más politizados en la primera década de este siglo.
Ese tribunal ratificó, con el voto en contra de Pérez Dayán, la sentencia de un juez que resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión de amparo, lo que dio pie al procedimiento de desafuero en su contra. La posición de Pérez Dayán era que el interés particular, por importante que sea, subyace al interés general.
Ya como ministro ha elaborado proyectos que han dictado criterios de la Corte, tanto en temas administrativos y fiscales, entre otros. Asimismo, votó por reservar información de los vuelos del Estado Mayor Presidencial, la invalidez de la Ley de Seguridad Interior. Además, aceptó a trámite la impugnación a la Ley Federal de Remuneraciones y decidió suspender su aplicación.
Información de: El Financiero
