Cuando supo que estaba embarazada de nuevo, Aurora (nombre ficticio) rompió a llorar. El miedo la copaba. Hacía dos años había sido obligada a dar a luz a un bebé desmembrado que murió en minutos, como había previsto el pronóstico médico. Las ganas de ser mamá estaban intactas, pero también el recuerdo de la cara del bebé que las enfermeras le mostraron antes de llevarse el cuerpo y dejarla sola en una sala donde otras madres daban el pecho por primera vez a sus recién nacidos.

Aunque el Código Penal costarricense permite interrumpir el embarazo para proteger la vida y la salud de la madre, la falta de reglas claras provoca temor en muchos médicos y no siempre se cumple la ley. “Él es mi motor [para mantener su batalla contra el Estado]”, afirma Aurora, de 38 años, en referencia al bebé al que ella y su esposo enterraron la mañana siguiente de su nacimiento con el nombre de Emanuel, sin saber si era hombre o mujer.

Emanuel murió al nacer el 29 de diciembre de 2012. Después vinieron depresiones, miedos y complejos junto al sueño de ser mamá. También vino el segundo embarazo —“un calvario, con revisiones cada dos semanas”— y los vaivenes políticos sobre el aborto desde los ángulos de la salud, los derechos humanos o la religión. Aurora lo recuerda llorando, como lo recordaba cuando entró a quirófano para dar a luz a la niña que ahora tiene tres años.

El Gobierno anterior, de Luis Guillermo Solís, prometió a Aurora aprobar un reglamento técnico que aclarara las situaciones en las que se puede aplicar el aborto terapéutico y evitar así que quedara a discreción de los médicos. A cambio, ella aceptó retirar su denuncia ante la CIDH. El Ejecutivo incumplió sin embargo su promesa y Aurora depositó en la última campaña electoral —marcada por la exacerbación del conservadurismo religioso y en la que el actual presidente se enfrentaba en las urnas con el evangélico Fabricio Alvarado— sus esperanzas en el ahora presidente, Carlos Alvarado.

Pero, tras dos meses en el poder, las señales del Gobierno no son alentadoras. El debate sobre el aborto terapéutico está ahora abierto en los medios y en las redes, y es un enfrentamiento casi diario entre políticos y activistas. Corrientes conservadoras religiosas se oponen a la reglamentación de esa ley y el Gobierno progresista de Carlos Alvarado no lo tiene entre sus prioridades.

Así las cosas, Aurora rompió hace menos de un mes el arreglo preliminar con el Estado y retomó el proceso en la CIDH, con el objetivo de que sea la Corte la que ordene al Estado —como ya ocurrió en 2012 para permitir la fertilización in vitro o el pasado enero con la legalización del matrimonio homosexual— dictar las normas necesarias para asegurar a las madres el acceso al aborto terapéutico. De hecho, fuentes internas de la Cancillería costarricense consideran que es inminente un juicio internacional contra Costa Rica.El de Aurora es uno de los dos casos que podrían llevar a Costa Rica a un juicio internacional. La otra es A. N., que acudió a la CIDH en 2008 con una petición similar tras haber sido obligada a llevar a término un embarazo en el que el feto nació muerto.