Las protestas contra las armas se suceden en Estados Unidos desde hace una semana, cuando un instituto de Florida sufrió la matanza de 17 personas, y parecen haber prendido la mecha para un movimiento más amplio. La presión ha hecho que Donald Trump, muy cercano a la Asociación Nacional del Rifle, se haya mostrado abierto a algunas medidas tímidas de restricción, como mejores controles de antecedentes o vetar a unos dispositivos que convierten un fusil normal en una metralleta. Pero este miércoles quedó claro que no hay giros de calado en su política, que ninguna medida va de momento encaminada a frenar el fenomenal mercado de armas civiles: en un encuentro con padre de jóvenes muertos en matanzas se mostró partidario de armar a los profesores como manera de evitar esos baños de sangre.

 El encuentro, de más de una hora, fue retransmitido en directo por televisión y permitió ver a Trump respondiendo a padres que habían perdido a sus hijos el pasado miércoles en Parkland o hace cinco años en Newtown (Connecticut), en la masacre de niños de la escuela de primaria de Sandy Hook. Y aunque algún joven superviviente reclamó medidas contra las armas de asalto, cuestionó cómo alguien como él puede comprar un arma de guerra sin ningún requisito más, la mayor parte de intervenciones iban más centradas en mejorar la seguridad de las escuelas que en frenar el flujo de armas.

 “Estoy enfadado. No voy a volver a ver a mi hija nunca más. No está aquí. Esto ahora no va de leyes sobre armas. Arreglemos primero los colegios. Unámonos con el presidente y arreglemos los colegios”, dijo Andrew Pollack, padre de una adolescente que murió la semana pasada en el Marjory Stoneman Douglas High School por nueve disparos de Nikolas Cruz, el chico de 19 años que causó la enésima tragedia de este tipo en Estados Unidos. Frederick Abt, padre de otro alumno del centro, planteó que hubiera personas armadas en los centros educativos para poder frenar a cualquier asesino como Cruz antes de que llegaran las fuerzas de seguridad, que necesariamente se demoran al menos seis u ochos minuto, una eternidad cuando hay un loco con un rifle semiautomático.

 Fue entonces cuando el presidente defendió la idea. “Es algo que discutiremos desde luego”, dijo Trump. “Si el entrenador [que murió haciendo de escudo para proteger a sus alumnos] hubiese tenido un arma en su taquilla cuando fue a por este tipo le hubiese disparado y hubiese sido el final de eso”, continuó. La posibilidad de tener pistolas, señaló, “sería para gente apta, el profesor llevar consigo oculta, tendrían un entrenamiento especial, y ya no sería un lugar sin armas”. Contra las armas, más armas.

 En contraste con ese planteamiento y el de otras víctimas, el joven Samuel Zeif, alumno de 18 años del instituto de Parkland, clamaba entre lágrimas más control en la compra de armas. “Me desperté con la noticia de que mi mejor amigo había muerto y no entiendo cómo yo aún puedo ir a una tienda a comprar un arma de guerra. Un rifle de asalto. ¿Cómo es tan fácil para mí comprar este tipo de arma? ¿Por qué no paramos esto después de Columbine [matanza de 1999]? ¿Después de Sandy Hook [tiroteo de la escuela de primaria de 2012]”, dijo. “Defiendo la Segunda Enmienda [de la Constitución], el derecho a defenderse, pero esas son armas de guerra, no para defenderse”, recalcó.

 Trump aseguró que a partir de ahora “los controles de antecedentes van a ser muy fuertes” de modo que puedan evitar que criminales se hagan con pistolas o rifles. El sistema actual tiene varias deficiencias, como el hecho de que las tiendas tienen tres días para comprobar los antecedentes de un comprador y, si transcurrido el plazo, no han recibido los datos, tienen que vender el arma. Además, la compraventa entre particulares o en ferias no tienen obligación.

 El día anterior Trump también firmó una orden en la que instaba a su fiscal general impulsar una norma que prohíba la venta de piezas (llamadas bump stock) que convierten un arma semiautomática en automática, es decir, que convierten un rifle normal en algo muy cercano a una ametralladora. Es una medida a la que no se oponen ni los republicanos ni la Asociación de Rifle. Pero no supone un cambio sustancial para un país con más de 300 millones de armas en manos de civiles, donde una tercera parte de la población adulta tiene al menos una.

Información de:El País