El expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en Bélgica se encuentran detenidos a la espera de que un juez decida sobre su futuro. Todos ellos se han entregado voluntariamente a las 9.17 de esta mañana en una comisaría de Bruselas, donde se les notificó la orden europea de arresto que pesa contra ellos por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. La Fiscalía de Bruselas ha confirmado en rueda de prensa que los políticos independentistas se han personado en las céntricas dependencias policiales, situadas en el número 202 de la rue Royale, tal como habían pactado ambas partes.
Desde allí se han trasladado hasta el edificio de la fiscalía en varios coches, donde se encuentran a disposición judicial en compañía de sus abogados. Esta tarde se les tomará declaración uno a uno a puerta cerrada en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros han elegido que la audiencia ante el juez se desarrolle en neerlandés, el idioma del letrado que les representa en Bélgica, Paul Bekaert.
Con su entrega voluntaria, los miembros del Govern han evitado la imagen de su arresto por parte de la policía. Ahora se inicia un proceso que puede demorarse en torno a tres meses. El juez tendrá un máximo de 24 horas —hasta las 9.17 del lunes— para decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus excompañeros del Govern en prisión provisional mientras la justicia belga decide sobre la euroorden —no se ha decidido a qué prisión serían enviados—, o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza.
También caben otras restricciones que dificultarían que Puigdemont hiciera campaña desde Bélgica para las elecciones del 21-D: «El juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de comunicación. Le corresponde a él decirlo», ha señalado el portavoz de la fiscalía, Gilles Dejemeppe. El organismo ha negado cualquier presión política sobre el proceso: «Desde que recibimos la orden no hemos tenido ningún contacto con ningún ministro de Bélgica ni de España».
Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega a la justicia española, pero su decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista.
Los abogados de Puigdemont y de los exmiembros de su gabinete que siguen en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) habían mantenido contacto con las autoridades judiciales belgas para concretar cómo se realizaría la entrega. «En casos mediatizados y en los que sabemos dónde está la persona, a veces no es necesario un despliegue de fuerza si está dispuesta a entregarse voluntariamente», ha explicado la fiscalía..Gonzalo Boye, letrado de Comín y Serrell, ha destacado su actitud de colaboración. «Nos personamos voluntariamente en la Audiencia Nacional y, ahora, ante autoridades belgas. No hay miedo a la justicia sino a la injusticia».
Si los acusados aceptaran ser juzgados en España, el proceso se aceleraría y serían entregados a las autoridades españolas en breve. Pero esa opción es del todo improbable. Como remarcó la última vez que se ha dejado ver, durante la entrevista a la televisión pública belga, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente», aseguró. En el estudio de la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por «la justicia verdadera», una categoría en la que no incluye a la española.
El expresidente había reiterado en los últimos días su disposición a cooperar y no había mostrado intención alguna de resistirse. «Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con respecto a la orden de arresto europea emitida por España», afirmó ayer sábado en un mensaje publicado en neerlandés en su cuenta de Twitter, señal inequívoca de que pensaba acudir voluntariamente a que le tomen declaración.
El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor de presos etarras, ha mostrado la misma desconfianza hacia la justicia española que su cliente. Planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la imposibilidad de un juicio justo. El titular de Justicia belga ha querido alejar cualquier sospecha de interferencia del Gobierno de su país en el proceso. «El poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo se desarrolla mediante contactos directos entre autoridades judiciales», afirmó en un comunicado la noche del viernes.
Información de: El País
