LOS TOPES DE CAMPAÑA EN COAHUILA, ENTRE LA POLÍTICA Y LA LEGALIDAD RUBÉN OLVERA MARINES

11 agosto 2017
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En Coahuila ya fue anulada una elección por rebasar el tope de campaña. Sucedió en 2009, cuando el PRI de Coahuila promovió un juicio electoral en contra de la declaración de validez de la elección para presidente municipal en la Lamadrid. El PRI alegó excesos en los gastos de campaña de la candidata del PAN, que resultó triunfadora en aquella elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado determinó anular la elección por excederse en $18,000.00, estableciendo que dicha cantidad representó el 42 por ciento, siendo determinante para que la candidata del PAN obtuviera el triunfo por cuatro votos de diferencia. Frente a la inconformidad del PAN, la Sala Regional avaló la declaratoria de nulidad de la elección, describiéndola como “lógica”, dado el margen estrecho de votos. Meses después, el PRI obtuvo el triunfo en la elección extraordinaria.

En aquel momento, la normatividad electoral de Coahuila no establecía una causal específica de nulidad por el rebase en los topes de campaña. Tampoco existía un factor cuantitativo para acreditar la determinancia. La decisión de los tribunales se fundamentó en una causalidad general.

A partir de la reforma de 2014, exceder los gatos de campaña se considera como una causal constitucional de nulidad. Además, se estableció una magnitud medible para acreditar la determinancia cuantitativa, consistente en sobrepasar los gastos de campaña en un cinco por ciento y que la diferencia entre el segundo y el primer lugar sea igual o menor al cinco por ciento.

Si retomamos el antecedente en donde en PRI de Coahuila logró la anulación de una elección por el rebase en los topes de campaña, sin que la autoridad electoral estatal contara con un reglamento de fiscalización, y al mismo tiempo consideramos en forma literal la reforma de 2014, y dado que el Instituto Nacional Electoral ha estimado que en la elección para gobernador del pasado 4 de junio, el PRI de Coahuila rebasó el tope de campaña en un 7. 9 por ciento, siendo la diferencia entre el primero y segundo lugar del 2.2 por ciento, entonces Miguel Riquelme debería preocuparse seriamente de los trascendidos y afirmaciones que hablan de una posible anulación de la elección.

A pesar de todo, te recomiendo no adelantar vísperas. Te sugiero tomar en cuenta un factor que podría jugar a favor del PRI, y otro más en su contra.

En el caso de Lamadrid, los tribunales establecieron que los $18,000.00 fueron determinantes, tanto cuantitativa como cualitativamente, para argumentar que la contienda no se desarrolló en condiciones de equidad. Como la diferencia fue de cuatro votos, cada voto costó al PAN $4,500.00. En cambio, de acuerdo al dictamen de fiscalización del INE, Miguel Riquelme rebasaría el tope en un 7.9 por ciento, alrededor de 1.5 millones de pesos, y siendo la diferencia de 30, 860 votos, el costo por voto de diferencia podría ascender a $48.00, una cantidad considerablemente menor que la establecida como determinante en Lamadrid.

Para acreditar la famosa determinancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que argumentar la concurrencia tanto del factor cuantitativo (el cual, de mantenerse el dictamen del INE, está acreditado) como el cualitativo. El segundo factor, está sujeto a la interpretación de los magistrados: ¿$48.00 por voto de diferencia fueron determinantes para establecer que el PRI cometió una violación grave? ¿Fueron los 1.5 millones de rebase factor decisivo para que la balanza se inclinara a favor del PRI?

El Tribunal federal podría considerar que, dado el monto del rebase, cualitativamente existieron otros factores más importantes que determinaron el resultado de la elección, por ejemplo, la oferta política y la imagen de los aspirantes. Si lo magistrados electorales argumentan que el resultado final no se vio afectado por los 1.5 millones, es decir, que los dineros no incidieron en el resultado final, el factor cualitativo podría ‘matar’ al cuantitativo.

No obstante, si eres del PRI, no frotes tus manos todavía. Recuerda que en México el factor político suele subyugar a lo legal. Y en las arenas movedizas de la política, el PRI de Coahuila enfrenta desventajas. Por principio de cuentas, cuatro de los siete magistrados del Tribunal federal fueron prioridades del PAN y del PRD en la selección que hiciera el Senado; sólo tres del PRI. El Frente Amplio Opositor integrado rumbo al 2018, en el que confluyen PAN y PRD, buscará hacer valer su mayoría.

Por otro lado, en términos políticos, a los magistrados actuales se les eligió para validar la elección de 2018, y si, para preservar su legitimidad rumbo a la elección presidencial, consideran “estratégico” anular la elección de Coahuila, lo harán. Se impondría la aritmética…política.

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