El encargado de la oficina de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria, Raúl José Díaz Pérez, aseguró en entrevista con el diario El Economista que la dependencia cumple con lo establecido en las leyes para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero el marco regulatorio actual les impide perseguir esta conducta.

La función del SAT, explicó, “no es perseguir el lavado de dinero, sino prevenirlo”.

“Nuestra función es reunir información, elementos útiles que le servirán o no a otra autoridad para que en el ejercicio de sus facultades pueda realizar acciones propias para combatir el lavado de dinero”.

Así, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo previene estos delitos a través de sus políticas públicas, pero las investigaciones y consignaciones quedan fuera de su alcance y entran en la jurisdicción de la Unidad de Inteligencia Financiera o bien de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, Díaz Pérez consideró que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aprobada en el año 2013 ha ayudado a establecer límites a diferentes instancias de gobierno y a no duplicar funciones, lo que mejora la manera en que se previenen y castigan estos delitos.

“Ha sido una tarea exitosa, en el SAT creemos que no sólo es por lo novedoso del tema, sino también porque estamos comprometidos con la sociedad. También es nuestra tarea proteger a la sociedad en este tema”.

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