¿RENDICIÓN O AJUSTE DE CUENTAS? RUBÉN OLVERA MARINES

21 julio 2017
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El tratamiento que se le está dando al caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, refleja las dificultades que enfrenta el sistema legal y político de México para operar una política pública que garantice una autentica rendición de cuentas.

Mientras que los ciudadanos están haciendo su ‘chamba’, votando en contra de las malas administraciones estatales, y eligiendo a la alternancia como el elemento central para llamar a cuentas a los funcionarios, las instituciones encargadas de  restringir y sancionar las acciones descarriadas, no están cumpliendo a cabalidad con los otros componentes de la rendición de cuentas.

El medicamento por excelencia en contra de la impunidad es la rendición de cuentas. Bien entendido el concepto, un eficaz sistema de rendición de cuentas no sólo lograría sancionar, incluso con la cárcel, a los funcionarios que violaron su deber público, sino que se establecería como el mecanismo idóneo para prevenir conductas contrarias a la ley, asegurar un correcto desempeño de las entidades públicas, incluyendo el logro de las metas establecidas en los planes de desarrollo, y garantizar la transparencia en el ejercicio de los dineros.

Excepto el hecho de la cárcel, más estrafalario que contundente, ninguno de los otros componentes de la rendición de cuentas resultó tan exigente en su momento, previo o durante los presuntos desvíos de recursos, como para prevenir las conductas del veracruzano. El Órgano de Fiscalización de Veracruz y las autoridades que hoy lo acusan, brillaron por su ausencia, hasta el grado de complicidad.

Y pregunto ¿qué hubiera sucedido si el PRI continuara gobernando Veracruz? Lo mismo si el PAN lo hiciera en Sonora, o el mismo PRI en Nuevo León, Quintana Roo y Chihuahua. ¿Estarían Javier Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Roberto Borge y César Duarte, en la cárcel o a punto de pisarla? ¿Será que aquellos estados que no experimentan la alternancia sexenal, estarían condenados a vivir en la opacidad y con una notable ausencia de rendición de cuentas?

Mientras en los estados la alternancia no se complemente con una autentica división de poderes, con un funcionamiento eficaz de los órganos de fiscalización locales, y en tanto se posponga la puesta en marcha de los llamados sistemas estatales anticorrupción, que incluyan la participación de la sociedad civil, lo que denominamos rendición de cuentas se reduce a un simple y frívolo ajuste de cuentas entre grupos o personajes políticos rivales.

A diferencia de la rendición de cuentas, donde se busca prevenir, controlar y sancionar las conductas indebidas de los funcionarios, los ajustes de cuentas se trasladan a la arena política (partidaria en la mayoría de los casos). Se vuelven tramoyas mediáticas sin resultados palpables en cuanto el resarcimiento de daños y la recuperación de los recursos desviados. Los funcionarios buscan extender sus relaciones políticas para construir una red de “protección”, cuando deberían preocuparse por respetar la ley y cumplir adecuadamente con sus funciones.

No se trata de defender lo indefendible. Pero ahora que gracias a los desatinos de Javier Duarte, ha resurgido el tema de la rendición de cuentas, y donde se palpa la exigencia ciudadana para que se instale de manera plena y de una vez por todas el Sistema Nacional Anticorrupción, vale la pena que instemos a que antes del juicio mediático y la parafernalia televisiva, se aplique la ley y funcione de manera efectiva el sistema de contrapesos, por parte de los órganos fiscalizadores de los estados; definir de forma clara los procedimientos para procesar a los funcionarios de todos los niveles y partidos. Que el órgano de fiscalización local prevenga conductas contrarias a la ley, no sólo en lo financiero, también de desempeño y de logro de las metas.

Y sobre todo, atacar las causas de raíz que permitieron a los gobernadores actuar como lo hicieron, a sus anchas.

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