La subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno del estado mexicano de Nuevo León ordenó hoy embargar propiedades del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz y once de sus funcionarios, informó hoy Ernesto Canales Santos, titular de esa dependencia.
Canales anunció la puesta en marcha de la «Operación Tornado», una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de «peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y colusión» cometidos en la gestión de Medina (2009-2015), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Indicó que este viernes comenzaron a ser embargados de forma precautoria los bienes a los exfuncionarios, sin precisar de qué propiedades se trata, y añadió que las denuncias penales buscan que la autoridad judicial vincule a proceso a los acusados.
«No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios; de lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara», manifestó.
Descartó asimismo que la operación tenga trasfondo político, y de allí que los sospechosos pertenecen a diversos partidos políticos.
El funcionario señaló que el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien sucedió a Medina y que se postuló como candidato independiente, fue informado este mediodía del desarrollo de la «Operación Tornado», que responde «de manera contundente, y por la vía legal, a la exigencia de los ciudadanos de Nuevo León para actuar en contra de la corrupción».
Canales enfatizó que el embargo precautorio está relacionado con la corrupción que existió para beneficiar la instalación de la armadora surcoreana de autos Kia en Nuevo León.
En las investigaciones participan agentes ministeriales, peritos especializados y funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno estatal.
Durante las pesquisas se han detectado contratos ilegales que fueron realizados por los hoy exfuncionarios en perjuicio del patrimonio del estado por un monto superior a nueve millones de pesos (483.611 dólares).
