México.- En punto de las 17:15 horas culminó el interrogatorio que hizo este miércoles la Procuraduría General de la República a José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, durante el cual fue cuestionado, en calidad de testigo, sobre temas académicos, no así por las imputaciones de narcotraficantes que lo vinculan con la organización criminal de Los Rojos.

«Se me planteó como testigo, entonces lo que expuse fueron situaciones académicas y sobre eso fue lo que versó mi parte. Nada (de imputaciones me cuestionaron). Me preguntaron sobre situación académica y de mi estancia en la escuela, de ese día, de esos días que estaban, a nivel académico. Ninguna (acusación), nada de eso”, comentó Hernández Rivera.

«Yo ya expresé todo eso públicamente y hay pruebas, evidencias, de parte de los expertos de que los narcotráficos (sic), que el crimen organizado no está relacionado con nosotros en la Normal», dijo al salir de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tras siete horas de interrogatorio.

Integrantes de la banda delictiva de Guerreros Unidos, incluido su líder Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», afirmaron en sus declaraciones ante la PGR que Hernández Rivera permitió la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales.

Incluso, aseguraron que el director de la Normal de Ayotzinapa recibió un soborno de 300 mil dólares de dicho grupo criminal.

En punto de las 10:30 horas, Hernández se presentó hoy a declarar ante la SEIDO, junto con el subdirector administrativo de la Normal, Rigoberto Barrera Urióstegui, ambos estuvieron  acompañados por el abogado José Luis González Meza, presidente de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río.

Ello, como parte de la averiguación previa SEIDO/UEIDMS/001/2015, por el caso Iguala, que está a cargo de los fiscales federales Jorge García Valentín y Lourdes López Iturbe, quienes les hicieron 10 preguntas a cada uno de los testigos.

«Yo estoy a la disposición de cuando se me invite, venga, no hay problema. Y gracias a todos ustedes por haber estado y yo les pedí que se buscara la forma de que los 43 desaparecidos regresen a la escuela», dijo Hernández Rivera al salir de las instalaciones de la SEIDO.

Su abogado, José Luis González Meza, detalló en el interrogatorio que el director de la Normal fue cuestionado sobre lo que hizo el 26 el septiembre de 2014 y los días posteriores, tras enterarse del ataque a los estudiantes de su plantel.

«Él declaró que efectivamente él tenía un día muy normal, como cualquier otro, entonces ellos los maestros y los trabajadores administrativos trabajan hasta las 3 de la tarde y se van. Si hay alguna situación que deba resolver la dirección de la normal, se tiene que regresar, pero no regresó y el maestro (director) se entera por medio de los medios de comunicación.

«El sábado (27 de septiembre) se comunican muy temprano, a las 6:00 de la mañana, que hay sesenta y tantos desaparecidos, entonces él inmediatamente se comunica con sus colaboradores, los secretarios, etcétera, y se ponen a investigar. El domingo van al Semefo de Chilpancingo y recogen un cadáver, el lunes van y recogen otro cadáver a petición de los papás», detalló el abogado.

Como lo indicó Hernández, su abogado reiteró que no se le hicieron preguntas sobre sus supuestos vínculos con la banda criminal Los Rojos, lo que en opinión del litigante significa que en la PGR prevaleció un poco de conciencia al valorar los dichos de «bandoleros sin calidad moral».

Hernández Rivera destacó en su declaración que no existe una sola ficha delictiva ni de antecedentes penales de los muchachos de la Normal de Ayotzinapa que aquella noche fueron atacados por la Policía de Iguala, incluido el joven militar que estaba entre los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.

El defensor señaló que, como lo hicieron en febrero pasado,  esta tarde volvieron a presentar un escrito ante la SEIDO para solicitar una reconstrucción de hechos relacionada con la obtención del diésel y productos que presuntamente utilizaron los Guerreros Unidos para incinerar a los estudiantes.

«Nosotros estamos seguros de que el día que se lleve a cabo la reconstrucción de hechos, les va a ir muy mal al Gobierno, porque va a quedar demostrado que se va a quemar el basurero y no va a quedar naturaleza viva en donde se haga la fogata», afirmó el litigante.

Con informaicón de Reforma.