El caso permanece abierto para dos detenidos más, cuya situación jurídica será determinada en las próximas horas.

Seis personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de extorsión agravada y secuestro expréscon fines de extorsión, tras su detención durante la Operación “Liberación”, así lo informó la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), quien detalló que entre los implicados figura una funcionaria pública.

Los detenidos, Gonzalo “N”, Yareli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, fueron capturados el 21 de julio en la región sur del Estado de México. La Fiscalía General de Justicia mexiquense presentó pruebas que permitieron a la Autoridad Judicial ordenar la prisión preventiva oficiosa para los seis mientras se desarrolla el proceso penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó la probable intervención de los imputados en hechos donde “fueron capturados el pasado 21 de julio en el marco de la Operación ‘Liberación’, que investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios”, según datos oficiales.

Gonzalo “N”, identificado como dirigente sindical de “Bradosva”, enfrenta proceso por presunta extorsión agravada. De acuerdo con indagaciones de la FGJEM, era quien tenía autorización exclusiva para suministrar materiales de construcción en Valle de Bravo.

El expediente detalla que el 20 de febrero de 2025, acompañado de otros sujetos armados, interceptó a una víctima sobre la carreteraValle de Bravo-Toluca, exigiendo el pago de “derecho de piso” para entregar mercancía. Además, impuso una cuota de quince mil pesospor ingreso y dos mil quinientos por cada traslado de material.

A Yareli “N”, identificada como tercera regidora de Ixtapan de la Sal, se le sigue proceso por el probable delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Según la autoridad, durante abril participó en la privación de la libertad de un comerciante local, a quien retuvieron en un hotel del municipio.

Ahí, la funcionaria exigió dinero para permitirle continuar con sus actividades comerciales. “Le haría daño a él o a su familia, ya que ella pertenecía a una organización criminal con orígenes en el Estado de Michoacán”, indica el informe ministerial.

Jorge “N”, señalado como líder de madererías en Valle de Bravo, enfrenta acusaciones por supuestamente amenazar a otro comerciante. El denunciante aseguró que le exigió cien mil pesos para continuar sus ventas y que, desde entonces, debía entregar cuotas mensuales. También, “sólo podría comprarle la madera a él”.

Antonio “N”, presunto integrante de un grupo dedicado a la venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, enfrenta imputaciones por hechos ocurridos el 11 de marzo. Bajo amenazas, la víctima fue obligada a adquirir productos únicamente con el acusado, bajo pena de sufrir un atentado.

El documento señala que “en caso de que se negara a comprar carne de res y de cerdo con él o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor”, pondrían su vida en peligro.

Alicia “N” y José Fernando “N”, presuntos miembros de una organización con origen en Michoacán, presuntamente amenazaron y exigieron a una persona la compra obligatoria de madera con un sobreprecio del doce por ciento. El mensaje fue claro: “le impedirían seguir trabajando” si no accedía.

Durante el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión, la Secretaría de Seguridad estatal y autoridades ministeriales mexiquenses. Los imputados permanecerán internos en centros penitenciarios del Estado de México, en espera de la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 23 de septiembre.

La FGJEM advierte que, de encontrarse responsabilidades, las penas podrían alcanzar hasta ochenta años de prisión, o incluso prisión vitalicia por secuestro exprés con fines extorsivos. En el caso de extorsión agravada, las sanciones podrían ascender a setenta años de privación de la libertad.

En cuanto a Eli “N”, la audiencia se celebró el domingo 27 de julio, mientras que la situación de Bernardo Alejandro “N” será resuelta el lunes 28 de julio. Las autoridades reiteran, “la extorsión puede ser denunciada en el número telefónico 089, implementado dentro de la Estrategia Nacional contra ese delito”.