Donald Trump será sentenciado el próximo viernes 10 de enero, solo diez días antes de su toma de posesión para su segundo mandato presidencial.
Un juez estableció que la fecha de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por hacer pagos para ocultar información desfavorable será el 10 de enero, poco más de una semana antes de que regrese a la Casa Blanca, aunque indicó que no será encarcelado.
El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex y futuro presidente a lo que se conoce como descargo incondicional, en el que un proceso se cierra sin tiempo en prisión, multa o libertad condicional. Trump puede comparecer en forma virtual para la sentencia, si así lo decide.
Merchan escribió que buscó equilibrar intereses contrapuestos: la capacidad de Trump para gobernar “sin trabas” por el caso, el fallo de julio de la Corte Suprema federal sobre la inmunidad presidencial, la expectativa pública de que “todos son iguales y nadie está por encima de la ley”, y la importancia de proteger la “inviolabilidad de un veredicto del jurado”.
“Este tribunal simplemente no está convencido de que el primer factor pese más que los otros en esta etapa del procedimiento”, escribió Merchan en un fallo de 18 páginas.
Merchan rechazó la solicitud de Trump de desestimar el veredicto y desechar el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “competía” a él sentenciar al presidente electo antes de su toma de posesión el 20 de enero.
“Sólo al finiquitar este asunto” se servirán los intereses de la justicia, escribió Merchan.
Juez rechaza desestimar declaración de culpabilidad
Después de que Trump fue elegido el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.
Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que de lo contrario ello representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.
Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse.
Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso mientras se dejaba constancia tanto de su declaración de culpabilidad como de su apelación no resuelta, una idea extraída de lo que algunos tribunales estatales hacen cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.
Merchan falló que el actual estatus de Trump como presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que se concede a un presidente en funciones y no requiere que el veredicto sea anulado ni que el caso sea desestimado, una noción que el juez describió como “drástica” y “rara”.
Hacer eso “socavaría el Estado de derecho de maneras inconmensurables”, escribió Merchan. Opinó que tampoco abordaría las preocupaciones de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Las acusaciones contra Trump en el caso de Stormy Daniels
Trump, de 78 años, asume la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Es el primer expresidente que ha sido declarado culpable de un delito y el primer delincuente condenado en ser elegido para el cargo.
Su declaración de culpabilidad lo dejaba enfrentando la posibilidad de un castigo que iba desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels.
El abogado Michael Cohen le pagó a Daniels con su dinero. Luego lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos jurídicos. Trump, ya en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un plan más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que Cohen recibió pagos legítimos por servicios jurídicos, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
Trump era un ciudadano privado, haciendo campaña para presidente pero ni elegido ni juramentado, cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que hablaron sobre el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.
Información de: El Financiero
