La mandataria precisó que las carpetas de investigación son de conocimiento del Departamento de Justicia de EEUU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, ante las investigaciones y el descubrimiento de huachicol fiscal en México, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder diversas carpetas que incluyen presuntos señalamientos contra empresarios de Estados Unidos por este tipo de actividades ilícitas de forma trasnacional.

Al respecto, la titular del Ejecutivo Federal precisó igualmente que estas afirmaciones las conoce el Departamento de Justicia de la Unión Americana, quien ha trabajado coordinadamente para seguir el rastro de esta presunto red trasnacional de tráfico ilegal de combustibles:

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía (General de la República) relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión; otras, tendrá que informar la fiscalía. Pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, señaló.

Previo a estos dichos, Sheinbaum Pardo volvió a reiterar que este entramado de robo de hidrocarburos a nivel internacional también contó con la participación de empresas norteamericanas, dado que, según ella, “no se explica” el modusoperandi para mover esas cantidades millonarias de dicho producto.

Finalmente, al ser cuestionada si ya existe un monto del daño al erario por los temas de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta negó el diálogo y se limitó a decir que es le corresponde igualmente a la FGR.

Un reportaje de la agencia Reuters, elaborado por Stephen Eisenhammer, Shariq Khan y Stefanie Eschenbacher, reveló cómo una red de contrabando de combustible a gran escala, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), utilizó buques tanque para introducir diésel de manera ilegal a México desde Canadá y Estados Unidos. Esto ultimo al evadir impuestos y controles aduaneros. La investigación identificó a la empresa estadounidense Ikon Midstream, con sede en la ciudad de Houston, como pieza central de la operación.

El caso emblemático fue el del buque Torm Agnes, el cual el pasado 8 de marzo descargó cerca de 120 mil barriles de diésel en el puerto de Ensenada, Baja California, pese a que esa terminal carece de infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables. Testimonios, fotografías y documentos revisados por los tres periodistas muestran que el combustible se transfirió directamente a camiones cisterna mediante mangueras durante una operación nocturna ejecutada con precisión.

Según autoridades mexicanas y estadounidenses, el combustible fue declarado falsamente como lubricantes industriales para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual representa hasta la mitad del valor de la carga. De haber sido registrado como diésel, el envío habría generado unos siete millones de dólares en impuestos. En documentos revisados por la agencia, la empresa receptora en México —Intanza— aparece como una “fachada” del CJNG.

Torm Agnes fue solo uno de varios buques fletados por Ikon Midstream para realizar entregas similares. Entre enero y marzo de 2025, otro barco de la misma naviera danesa, el Torm Louise, realizó cuatro viajes desde Texas a Tampico con cargamentos que también fueron declarados como “aditivos para lubricantes”. La empresa afirmó haber roto relaciones con Ikon Midstream tras detectar irregularidades.

El valor del combustible ilegal que ingresa a México podría superar los 20 mil millones de dólares anuales, según estimaciones revisadas por Reuters. Las autoridades estadounidenses advierten que el contrabando de hidrocarburosse ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para los cárteles mexicanos. En México, se calcula que hasta una tercera parte del mercado de gasolina y diésel proviene de importaciones ilegales.

La investigación también apunta a posibles actos de corrupción en puertos controlados por la Marina, que abrió una indagatoria interna el 7 de septiembre. En marzo, un buque relacionado con la misma red —el Challenge Procyon— fue retenido en Tampico con 10 millones de litros de diésel; ahí, 14 personas, entre empresarios y funcionarios portuarios, fueron detenidas.