Tras el señalamiento de autoridades federales del desvió millonario y el posible fraude fiscal detectado en la Universidad Autónoma de Coahuila durante la gestión de Salvador Hernández Vélez lo que se espera es que se finquen responsabilidades y se actúe penalmente en contra de los responsables. 

Es importante citar que acorde información fidedigna el asunto no trata de un adeudo de impuestos sino de la comisión de un delito por desvío de recursos asunto que tiene implicaciones legales pues es equiparable a la evasión fiscal. 

Se habla de una cantidad considerable cuantificada en cientos de Millones de pesos de dinero retenido de ISR y no entregado a las autoridades fiscales, un modus operandi que se volvió común durante la administración de Rubén Moreira y que trajo consecuencias a Ismael Eugenio Ramos Flores a quien se le sigue un proceso penal por peculado, uso ilícito de atribuciones y el desvío de más de 400 millones de pesos que según indagatorias en igual forma formaban parte de retenciones e impuestos no reportados a las autoridades tributarias. 

Hoy se sabe que como parte del proceso Ismael Ramos sigue un juicio penal y si bien se le concedió el beneficio de la libertad con medidas cautelares le fueron incautados bienes inmuebles y cuentas bancarias. 

El asunto de Salvador Hernández Vélez podría tener semejanza de operación y resultado por lo que no es de dudarse que pronto pueda enfrentar una averiguación en su contra y que la misma llegue incluso al hoy Senador y ex Gobernador Miguel Riquelme, lo anterior derivado de lo que pueda declarar Hernandez Vélez con respecto al destino y utilización de dichos recursos. 

Existe un problema de fondo que sobrepasa las cuestiones legales, económicas o fiscales y que debe ser de atención publica tanto en el caso de Ismael Ramos como en el de Salvador Hernández Vélez y ello son las implicaciones políticas o la utilización de ambos asuntos como medida de presión para influenciar las decisiones que tanto el Diputado Rubén Moreira y ahora el Senador electo Miguel Riquelme tomen en el desempeño de sus cargos bajo la presión que pueda ejercerles Morena y su Gobierno. 

Con el Asunto de Javier Corral nos queda claro que a la 4t no se le dificulta repartir u otorgar impunidad para quien se presente, colabore, participe o coadyuve en lograr sus intenciones. 

Existe una pregunta obligada cuya respuesta solo se sabrá mediante el desempeño de los políticos priistas durante la administración federal por comenzar, ¿ actuaran entregados y complacientes a las ordenes de Morena o ejercerán su postura como oposición verdadera ?