Con los pelos de la burra en la
Mano; mínimas posibilidades
De pagar las liquidaciones de
ley en la acerera Altos Hornos
En el mejor de los casos, empleados y
obreros recibirían 20% de sus derechos
VOY CON MI HACHA
Por esta ocasión y sin que siente precedente, he decidido ceder mi espacio a un trabajo del huerto ajeno por lo bien investigado y que si se lee detenidamente, es justo y necesario valorar este esfuerzo, que desde mi punto de vista aporta una buena dosis de oxigeno y luz a un tema del que mucho se habla y poco se conoce punto por punto.
Vale dejar claro que alguien con muy mal jugo láctico y con mucho parecido a las perversidades que acostumbra Alonso Ancira dejó correr supuestos datos de las indemnizaciones que supuestamente recibirían desde la plana mayor de la siderúrgica, a los empleados y los obreros.
Por supuesto los ánimos siempre exacerbados, subieron de tono pero en el fondo se trataba de seguir dando a los trabajadores, atole con el dedo porque no hay manera de que se les pague lo que realmente merecen en estricto respeto a la ley.
Aquí se los dejo:
Por
7 julio, 2025
Con sus principales equipos atrapados en garantía con acreedores financieros, principalmente Petróleos Mexicanos, la trasnacional Cargill y Grupo Villacero, son prácticamente nulas las posibilidades de algún pago por liquidación al personal y para adeudos con los acreedores generales de Altos Hornos de México.
Una solicitud de reconocimiento de derechos laborales, enviada por el síndico de la quiebra, Víctor Aguilera, a la juez del concurso mercantil, Ruth Haggi Huerta, establece que de acuerdo con los contratos de trabajo, los derechos de los obreros y empleados que conformaban el conjunto de la plantilla alcanzan a 15 mil 932 millones de pesos (unos 840 millones de dólares al cambio actual).
Sin embargo, con la aplicación de lo que establecen la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Quiebras y Concursos Mercantiles, en primera instancia dicho monto se ve reducido a solo un 20%, con total de tres mil 300 millones de pesos (unos 174 millones de dólares), dado que solo se establece como obligación primaria el pago correspondiente al año anterior a la declaratoria de concurso mercantil. (22 de junio de 2023).
Tras los términos jurídicos con que el síndico expone a la juez los preceptos legales y los modos y tiempos de aplicación, reitera que como lo ordena la Constitución los empleados y obreros son preferentes para el pago, pero se desprende la mínima posibilidad de lograr recursos para repartir esa disminuida cantidad a trabajadores que, en su gran mayoría, cifran esperanzas en montos basados en sus contratos, ya inaplicables.
Clarifica que esos 3 tres mil millones de pesos deben obtenerse con la venta de los activos disponibles, excluyendo todos los bienes que están en garantía, regulación legal que en el caso de AHMSA evidentemente anticipa la imposibilidad de acceder a esa cantidad, dada la venta anticipada de bienes muebles e inmuebles que realizó Argentem y los que le fueron autorizados al propio síndico para mantener la plantilla indispensable de personal activo.
En tal caso, de no obtenerse los recursos necesarios y como los acreedores garantizados no pueden ejecutar antes de que se cumpla el pago a los trabajadores, el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles indica que deberían contribuir con recursos para alcanzar la cifra señalada, cuya aplicación en este caso es negativa, dados los recursos legales que han establecido.
En el muy improbable caso de que se cubriera esa primera cuota de pagos laborales, añade la sindicatura, correspondería ejercer sus derechos a los acreedores garantizados y, de contar aún con recursos, se ejercería un segundo pago por derechos laborales hasta la cantidad de mil 732 millones de pesos.
Definitivamente nulo es que reciban algún pago los acreedores generales, prestadores de servicios y constructoras, principalmente
“Con los bienes en garantía y el deteriorado estado actual de las instalaciones siderúrgicas y las minas de fierro y carbón, es imposible que se puedan obtener los fondos, porque sumadas las dificultades legales, a cualquier inversionista le resulta más simple y menos costoso instalar una siderúrgica nueva y moderna”, consideró uno de los mandos del área técnica de AHMSA.
En opinión de Federico Rosas, laboralista que participó en la liquidación de Mexicana de Aviación, “en general y por desconocer las leyes, en estos casos los trabajadores cifran sus expectativas en fantasías, muchas alentadas por líderes deshonestos, que terminan derrumbadas por el mandato jurídico”.
Dice haber seguido el caso y cuestiona en especial la conducta de los dos niveles de gobierno, federal y estatal, “que han generado falsas esperanzas mientras la situación ha derivado hacia un desastre imparable, con daños irreversibles y la consiguiente depreciación de los activos”.
En especial, señala “enorme irresponsabilidad del pasado gobierno federal, ya que, sin que entremos a discutir el origen del problema, claramente lo ahondó, bloqueó posibilidades de solución y deja a los trabajadores como principales perjudicados”.
A diferencia del estado en que se encuentra AHMSA, agregó, en la quiebra de Mexicana se contaba con el taller de mantenimiento como empresa en operación, exitosa, y hubo además interés del gobierno de López Obrador en apoyar el pago de una parte de las liquidaciones con la compra del nombre de la aerolínea, que hoy usan los militares”.
(FÉLIX RODRÍGUEZ | INFONOR)
