Un análisis de Integralia señala que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum es de menor alcance que propuestas previas, pero advierte riesgos de inequidad al favorecer a Morena.
La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum resultó una iniciativa “diluida” y de “menor alcance”, pero no deja de ser “regresiva”, de “alto riesgo” y para “favorecer a Morena”, concluye un análisis de la consultora Integralia.
Advierte que “el conjunto de cambios propuestos genera un riesgo alto, pues propician inequidad al favorecer a Morena: reduce elfinanciamiento público y el tiempo de radio y TV, permite la intervención de partidos y gobiernos para promover consultas populares y revocación de mandato, entre otros aspectos”.
No obstante, señala que “frente a las propuestas de López Obrador (planes “A” y “B” en 2022) y a otras sugerencias planteadas en los últimos meses, como la reducción de diputaciones plurinominales, la iniciativa es de menor alcance”.
También destaca que tiene “omisiones relevantes”, al indicar que “no atiende temas clave que sí debieran regularse (pero que afectarían al partido gobernante), tales como mecanismos para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales”.
No obstante, aclara que la propuesta de Claudia Sheinbaum “introduce un esquema que involucra directamente al sistema financiero y a los reguladores bancarios en el monitoreo de recursos electorales”.
Además, “se reafirma la prohibición de aportaciones en efectivo para reducir riesgos de financiamiento ilícito” y se “propone mayor coordinación con autoridades de seguridad e inteligencia financiera, donde la fiscalización se vincula con la prevención del crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas”.
Precisa que la iniciativa no aborda “los límites de sobrerrepresentación en el Congreso ni el transfuguismo parlamentario. La fecha de la elección judicial se mantiene concurrente con la elección de los otros poderes, lo cual representa un gran riesgo operativo para el INE y una sobreexposición de información para los votantes”.
“Además, existe el riesgo de que la reforma deje vacíos que el INE tenga que resolver mediante lineamientos (lo cual ya ha pasado, por ejemplo, en la paridad de género y en diversas disposiciones para la elección judicial)”, añade.
Por lo anterior, advierte que la iniciativa “aborda de manera muy general varios de los cambios que propone”, porque “sin tener las reformas secundarias no es posible estimar todas las implicaciones de las modificaciones”.
Añade que “tanto la propuesta de reducciones a la estructura del INE, como los detalles sobre la asignación de diputaciones plurinominales podrían incluirse en las reformas legales”.
Información de: el Financiero
