La propuesta enfrenta un muro legislativo en el PAN y sectores del PVEM, quienes acusan un intento de concentración de poder.
La presentación del proyecto de reforma electoral por parte del Gobierno Federal ha desencadenado un rechazo inmediato y absoluto por parte de la oposición y especialistas, quienes advierten que las modificaciones propuestas buscan fortalecer exclusivamente la estructura de Morena de cara a los próximos procesos electorales.
El bloque opositor, encabezado por el PAN, calificó la iniciativa como un mecanismo para “debilitar a las minorías” y centralizar el control político.
Por su parte, el exconsejero presidente del IFE (INE), Luis Carlos Ugalde, señaló que incluso entre los aliados del gobierno existe resistencia, lo que podría obligar al Ejecutivo a buscar cambios mediante leyes secundarias o utilizar el rechazo como estandarte de campaña.
Asfixia financiera: el recorte del 25% a los partidos políticos
Uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción sustancial de los costos, que incluye recortar en una cuarta parte el financiamiento público a los partidos.
Mientras el Gobierno defiende esta medida como un paquete de austeridad, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que esta asfixia financiera no afecta a Morena debido a la opacidad en el origen de sus recursos propios.
“A lo mejor a Morena ya no le interesa tanto el financiamiento público porque ve tú a saber de dónde saca su propio financiamiento”, declaró Romero con sarcasmo.
En sintonía, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, advirtió que no se deben generar ahorros “a costa de la democracia”, señalando que quitar prerrogativas de manera inequitativa altera la operatividad del sistema.
Eliminación de listas plurinominales: el fin de la equidad representativa
La propuesta para eliminar las listas de candidaturas plurinominales, aunque ha manteniendo la representación proporcional bajo un nuevo esquema, es vista por analistas y legisladores como el golpe definitivo para asegurar la hegemonía del partido oficial.
Manlio Fabio Beltrones criticó que el sistema actual ya permite una sobrerrepresentación abusiva, donde el partido gobernante, con el 41% de los votos, controla el 73% de la Cámara de Diputados, y advirtió que la reforma no resuelve esta perversión de la voluntad popular.
Incluso dentro de los aliados, el rechazo es notable. El senador Melgar (PVEM) adelantó que poco más de la mitad de su bancada no acompañará la reforma en lo que respecta a los plurinominales ni en lo que reste autonomía al INE. Según el legislador, las reglas actuales son las que permitieron la victoria de Morena, por lo que cambiarlas carece de sentido operativo.
El análisis de diversas figuras públicas coincide en que la reforma fue diseñada en exclusividad por el bloque oficialista, dejando fuera a las fuerzas de oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, calificó como un “grave error” que Morena actúe como si su permanencia en el poder fuera eterna, ignorando que los mecanismos de control actuales podrían afectarlos en el futuro.
Un diseño excluyente y omiso ante la “narcopolítica”
Críticos como Miguel Alfonso Meza destacaron las grandes ausencias del proyecto: Meza señaló que la reforma no contiene un solo punto para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones, calificándola como un proyecto que “encubre el pacto criminal”.
Entre los puntos que destacó y que se mantienen en la reforma está la validez de las elecciones aún cuando: intervenga el narco, cuando maten y atenten contra candidatos, financiadas por el narco, ausencia de filtros contra narcocandidatos, entre otras.
Dania Ravel advierte falta de equidad y sobrecarga de atribuciones al INE
Para la consejera electoral Dania Ravel, el proyecto gubernamental ignora el principio de equidad, al cual calificó como el “gran ausente” de la discusión actual.
En entrevista para Milenio, precisó que, aunque el documento completo se conocerá hasta el lunes, es evidente que la reforma omite regular la injerencia gubernamental a través de espacios como las mañaneras, donde el manejo de información sobre candidatos y contiendas rompe el equilibrio necesario para una competencia justa.
Ravel denunció que persiste una falta de legislación y, sobre todo, de sanciones efectivas respecto al Artículo 134 Constitucional, el cual prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción personalizada.
Según la consejera, la práctica actual de “dar vista al superior jerárquico” del funcionario infractor ha resultado inútil para inhibir estas conductas. Asimismo, señaló que la reforma no aborda los actos “anticipadísimos de precampaña”, como la publicidad masiva en espectaculares y transporte público observada en el proceso de 2024.
Información de: Politicomx
