Especialistas, familiares y autoridades alertan sobre nuevas prácticas delictivas y exigen acciones urgentes para identificar restos humanos en cementerios.

La crisis de desaparecidos en Guanajuato ha impulsado una respuesta institucional y social sin precedentes, reflejada en la reciente celebración del Cuarto Foro Estatal del Protocolo ALBA.

Encabezado por el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, el evento reunió a autoridades, colectivos de búsqueda y organizaciones internacionales, quienes dialogaron sobre nuevas estrategias para la localización e identificación de personas desaparecidas.

Todo esto ocurre en un contexto alarmante, con denuncias sobre nuevas prácticas delictivas, como el ocultamiento de cuerpos en panteones municipales, lo que enciende las alertas sobre la magnitud y complejidad del fenómeno.

Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León, señaló en entrevista con Milenio, que en Celaya, Yuriria y Salvatierra se han recabado testimonios sobre irregularidades en cementerios, incluidas gavetas y fosas usadas para depositar cadáveres sin registro oficial.

• En Yuriria, familiares reportaron el hallazgo de al menos nueve cuerpos en gavetas vacías del panteón municipal, sin carpeta de investigación asociada. De acuerdo dicho medio, testigos narraron que personas ingresaron de noche al cementerio, colocaron los cuerpos en nichos sin nombre y se retiraron sin dejar rastro.
• En Celaya, se localizó un cuerpo momificado con un disparo en un panteón municipal, caso que generó críticas por la intención de exhibirlo como momia.

Para Lorusso, el hallazgo debió clasificarse como fosa clandestina, además de investigarse posibles complicidades entre autoridades municipales y grupos delictivos.

• En Salvatierra, escenario de la fosa clandestina más grande del estado, se han exhumado más de 80 cuerpos, y buscadoras advirtieron que esta práctica podría extenderse a otras zonas del país.

Además, el fiscal Vázquez Alatriste reconoció la existencia de denuncias y aseguró que la institución trabaja en coordinación con colectivos en un plan de exhumación de cuerpos en los panteones de Guanajuato.

A su vez, durante la conferencia del Protocolo ALBA, voces institucionales y de la sociedad civil coincidieron en la urgencia de atender la crisis forense que azota la entidad.

El fiscal Vázquez Alatriste reiteró su compromiso de construir una Fiscalía con enfoque humanista, mientras que Edith Olivares, de Amnistía Internacional, advirtió que la organización dará seguimiento para que las promesas se conviertan en políticas públicas efectivas.

A su vez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reafirmó que se dará atención inmediata y especializada a las víctimas.

Colectivos y especialistas insisten en que solo con acciones concretas se podrá recuperar la confianza ciudadana y garantizar la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias.

Durante el CuartoForo Estatal del Protocolo ALBA, celebrado el 1 de septiembre, se logró congregar a más de mil participantes, entre ellos familiares de personas desaparecidas, buscadoras independientes, representantes de la sociedad civil y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

En su discurso, Vázquez Alatriste destacó que la fuerza de las familias ha sido el motor que guía la labor institucional.

“La verdadera razón por la que estamos aquí es la fuerza de las familias. Su lucha se ha convertido en una brújula moral que nos guía en el único camino posible: buscar hasta encontrarles”, afirmó el fiscal Vázquez Alatriste.

El Protocolo ALBA, originalmente concebido como un mecanismo de reacción inmediata ante la desaparición de mujeres y niñas, fue presentado en el foro como el punto de partida para una política pública integral.

Según el titular de la Fiscalía, el objetivo es no solo responder a las desapariciones, sino también prevenirlas, sancionar a los responsables y reparar el daño, siempre con un enfoque humanista y de género.

El evento contó con la participación de instituciones clave, como la Fiscalía General de la República (FGE), el Centro Las Libres, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, la Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición Forzada y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de esta última, subrayó la importancia de la solidaridad y la empatía, e hizo un llamado a la comunidad para involucrarse activamente en la difusión y aplicación del Protocolo ALBA.

“Este instrumento brinda certeza de que cada caso merece atención inmediata y especializada”, sostuvo Alcaraz Olvera.

En paralelo al foro, el pasado 28 de agosto se concretaron acuerdos entre autoridades estatales, colectivos ciudadanos y Amnistía Internacional para fortalecer la búsqueda de las 5 mil 123 personas desaparecidas en la entidad.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, enfatizó la urgencia de traducir los compromisos en acciones tangibles:

“Guanajuato tiene una deuda enorme con las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Los compromisos que hoy logramos solo tendrán sentido si se traducen en acciones inmediatas, sostenibles y con resultados concretos”, declaró Olivares.

Entre los compromisos asumidos destaca la implementación de un Programa Transversal de Atención a Víctimas de Desaparición, que busca garantizar el acceso de las familias a servicios de salud física y mental, asesoría jurídica y protección.

Además, la fiscal especializada en Derechos Humanos, Zucé Anastacia Hernández Martínez, anunció la realización de una toma masiva de muestras de ADN para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Y una actualización semanal de los hallazgos de restos humanos y la organización de mesas de trabajo para facilitar la toma de perfiles genéticos, incluso en casos donde no exista denuncia formal.

Amnistía Internacional reconoció la importancia de estos acuerdos, pero advirtió que los derechos de las víctimas no pueden depender de la voluntad política del momento.

Olivares insistió en la necesidad de institucionalizar los programas y acciones, proteger a las mujeres buscadoras y garantizar su acceso a la salud, además de implementar medidas para evitar su empobrecimiento.