El Senado de la República aprobó recientemente una modificación a laLey de Amnistía que permite al presidente otorgar amnistía directa en casos donde el detenido aporte información relevante para esclarecer casos significativos para el Estado. La votación, que terminó con 67 votos a favor y 32 en contra, ha generado un intenso debate entre los legisladores.

Morena junto a sus aliados en el legislativo respaldaron la propuesta impulsada por el senador Ricardo Monreal, en contraste, la oposición criticó que esta reforma otorga un papel protagónico al Presidente, descuidando los derechos de las víctimas.

Con esta adición, introducida por la presidenta de la comisión de Justicia,Olga Sánchez Cordero, se añade un artículo 9 a la Ley de Amnistía de 2020, ampliando las facultades del Ejecutivo. Este cambio ha sido criticado por varios senadores que ven en esta medida una concesión excesiva de poder, argumentando que podría beneficiar a criminales de diversa índole sin un proceso judicial adecuado.

En el comienzo de la discusión, el Partido Acción Nacional propuso una moción para regresar el dictamen a comisiones para su revisión; no obstante, la mayoría conformada por Morena y sus aliados la desestimó.

Germán Martínez, del Grupo Plural, expresó una postura firme en contra de la medida, cuestionando las verdaderas intenciones detrás de esta adición: “No pone en el centro a las víctimas, pone en el centro al Presidente y al poder […]¿A quién quieren perdonar?”, increpó.

Por otra parte, Damián Zepeda, del PAN, advirtió sobre los riesgos de liberar a criminales sin un criterio claro y respeto a los delitos que actualmente están excluidos del alcance del indulto y agregó que esta reforma da el trato de “rey absoluto al Presidente, sin contrapesos, él en sí mismo es la ley”.

A pesar de las críticas, Ricardo Monreal de Morena defendió la reforma, destacando su objetivo de esclarecer casos importantes mediante la obtención de información de individuos involucrados. Manifestó que “la verdad que los mexicanos merecemos y necesitamos es aquella que aclare los eventos ocurridos”, aludiendo a sucesos importantes como los de Ayotzinapa, Allende, San Fernando o Tlatlaya. Añadió que para que se otorgue la amnistía, “es imprescindible que se aporte información que pueda ser comprobada y verificada”.

Esta posición fue refutada por senadores de la oposición como Lilly Téllez y Josefina Vázquez Mota, quienes acusaron a Morena de proteger intereses criminales y cuestionaron la ambigüedad en definir qué constituye un “caso relevante”.

Alejandra Reynoso, senadora del PAN, señaló que el criterio de oportunidad, base de esta reforma, debería llevar a cuestionar la conveniencia de mantener su vigencia. Criticó al oficialismo por disfrutar del poder de otorgar perdones, considerando que este enfoque distorsiona la finalidad de la ley.

Por otro lado, la senadora independiente Claudia Ruiz Massieu acusó a la reforma de camuflar como amnistía lo que en esencia sería un indulto, describiendo la propuesta como indefendible y carente de dignidad. Estas palabras resaltan una profunda preocupación por la desviación de los principios de justicia y reparación hacia las víctimas.

Clemente Castañeda  de Movimiento Ciudadano dijo: «Nosotros seguimos pensando que tenemos herramientas suficientes, que tenemos argumentos suficientes para demostrar que el caso particular de estas iniciativas, me refiero Amnistía y Amparo, lo que pueden hacer es generar un daño al país […] Nosotros por supuesto que nos vamos a oponer con nuestra fuerza parlamentaria y con la razón de nuestros argumentos», dijo el senador.

Emilio Álvarez Icaza fue aún más lejos al acusar directamente al Presidente de la República de traicionar a las víctimas de delitos. Argumentó que la actitud gubernamental hacia la verdad y la justicia ha sido hipócrita, enfatizando que las víctimas han sido sistemáticamente excluidas del acceso a la verdad. “No se hacen cargo de que son responsables por omisión y por acción, y al término del sexenio nos vienen con una propuesta que confunde amnistía con indulto”, criticó el senador.

Este giro en la legislación ha reavivado el debate sobre la justicia y el equilibrio de poderes en México, poniendo en tela de juicio cómo se deben manejar los procesos de amnistía y cuáles deben ser los límites de la discrecionalidad ejecutiva en materia de justicia. La reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión igualmente vigorosa.