¿Qué pasó?
- Funcionarios de la administración Trump están presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, solicitando incluso su extradición a Estados Unidossi existen cargos pendientes en territorio estadounidense.
- Esta petición fue planteada en al menos tres ocasiones por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su equipo durante reuniones bilaterales con autoridades mexicanas, de acuerdo a un reporte de la agencia Reuters basado en fuentes de alto nivel.
- En un encuentro en Washington el 27 de febrero, asistieron altos funcionarios de Estados Unidos (incluyendo la fiscal general Pam Bondi y representantes de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro) y autoridades mexicanas (entre ellas el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch).
- Como antecedente a la reunión, México envió a Estados Unidos a 29 presuntos integrantes de cárteles a finales de febrero tras amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados, y en esas conversaciones también se discutió agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
- Washington ha planteado ideas como nombrar un “zar del fentanilo” para coordinar directamente con la Presidencia mexicana, y también ha presionado por inspecciones más rigurosas de carga y viajeros con destino a Estados Unidos.
¿Por qué importa?
- Investigar a funcionarios en activo, especialmente de Morena, representa una escalada sin precedentes en la lucha contra la corrupción ligada a cárteles, pero implica riesgos políticos para la administración de Claudia Sheinbaum al tocar a su propio partido.
- La presión estadounidense se acompaña de amenazas de más impuestos o aranceles si no hay acción; esto tensiona la relación México-Estados Unidos y puede impactar el flujo comercial y la cooperación en seguridad.
- Ir contra funcionarios en ejercicio rompe una “línea roja” diplomática tácita en México. El precedente más significativo se encuentra en la detención que la DEA hizo en Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos en octubre de 2020.
Los detalles:
- En la reunión del 27 de febrero, en Washington, la delegación de Estados Unidos, que incluyó a Rubio, solicitó investigar a varios políticos, incluidos cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador, mencionándose a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Posteriormente se confirmaría la revocación de visados a ella y su esposo.
- México remitió 29 figuras del crimen organizado para ser procesados en cortes de Estados Unidos. También se planteó acelerar procesos contra objetivos prioritarios de la DEA y FBI.
- Washington propuso la creación de un “zar del fentanilo” que comunique directamente con el gobierno de Sheinbaum para reportar avances en la lucha contra este opioide sintético, así como intensificar inspecciones en la frontera para carga y personas dirigidas a Estados Unidos.
- Aunque la Fiscalía General de la República es independiente del Ejecutivo, la Constitución prevé que gobernadores y legisladores en funciones gozan de inmunidad para la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves con autorización del Congreso.
El contexto:
- La designación de políticos en activo para investigación y posible extradición a EE.UU. representa una ruptura con prácticas pasadas, pues históricamente sólo se procesaba a ex funcionarios una vez terminados sus mandatos.
- La revocación de visados a la gobernadora de Baja California ha aumentado la percepción de injerencia de Washington en asuntos de seguridad en México.
Información de. Código Magenta
Marco Rubio exige a México la extradición de políticos vinculados al crimen organizado
