La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha oxigenado la primera tanda de modificaciones a la Constitución enviadas en febrero por el mandatario, las mantienen con vida para que la próxima Legislatura con la mayoría calificada en manos de Morena las apruebe sin cortapisas.
La primera tanda de reformas a la Constitución propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada a toda prisa. Con el respaldo de la oposición la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano ha consumado este jueves la aprobación de cuatro de las 18 iniciativas de reformas a la Constitución enviadas el 5 de febrero por el mandatario. Los legisladores han iniciado por los temas menos escabrosos, los que modifican el artículo 123 de la Carta Magna: Apoyos a jóvenes, pensión para el retiro, salario mínimo y vivienda para trabajadores, todos en favor del sector laboral. Lo que implicó el voto unánime de todas las fuerzas políticas.
En los siguientes días y antes de que concluya la legislatura, el 30 de agosto, la instancia legislativa sacará adelante 14 dictámenes faltantes, incluidas las reformas al Poder Judicial, a la Guardia Nacional y la desaparición de siete órganos autónomos y entes desconcentrados. Con ello, los legisladores han dado vida a las propuestas presidenciales —que parecían perdidas antes de las elecciones del 2 de junio — para heredarlas a la próxima legislatura que inicia trabajos el 1 de septiembre. La intención es que tengan pase directo a la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Cámara baja— y se sometan a votación del pleno antes de que concluya el sexenio de López Obrador. Con la mayoría calificada en manos de Morena y sus partidos satélite resultado de las elecciones del 2 de junio, las modificaciones a la Constitución se perfila que pasen sin cortapisas al Senado en donde están a dos escaños de lograr las dos terceras partes necesarias para la aprobación.
Aunque el acuerdo establecía el debate de nueve dictámenes, de última hora, la discusión de cinco fue pospuesta para el 9 de agosto. Se trata de la pensión para adultos mayores desde los 65 años de edad; atención médica universal y gratuita; acceso al agua, a un medio ambiente sano y a una alimentación nutritiva; protección a la salud que prohibe las drogas sintéticas como el fentanilo, cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como la protección a los animales. Todos se discutirán el siguiente viernes.
El debate no ha sido terso. La oposición conformada por PAN, PRI y MC ha cuestionado la discusión y votación de los proyectos con tanto apuro, sin el debido análisis y discusión que amerita hacer modificaciones a la Constitución, sin embargo, han dado su voto a favor. “Muchas gente se preguntará por qué el PAN está apoyando reformas de López Obrador, no son solo ideas del presidente. Celebramos que en el dictamen hayan sido incluidas iniciativas de diputados del PAN”, dijo la diputada panista, Paulina Rubio. Del otro lado, los legisladores de la mayoría han aplaudido sin tapujos las reformas.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido el primer proyecto aprobado en la instancia legislativa. Con la reforma el apoyo de poco más de 7.000 pesos, de acuerdo al salario minimo actual [248 pesos], se garantiza desde la Constitución, es decir, será obligatorio en caso de que sea aprobado por ambas Cámaras y publicado por el Gobierno. “El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”, señala el dictamen que no tuvo modificaciones de fondo respecto a la propuesta presidencial.
El debate se ha dado en medio de críticas de la oposición por lo irregular del proceso legislativo. “Es muy grave el desaseo de la comisión. Parece que traen prisa, parece que les urge”, dijo la diputada del PAN, Paulina Rubio, quien se pronunció por posponer la discusión de los proyectos. La postura fue suscrita por la bancada del PRI.
La famosa reforma de gran calado en materia de pensiones para el retiro ha sido la segunda reforma aprobada. En ella, López Obrador propone una transformación del sistema de pensiones para que los trabajadores reciban su salario completo al jubilarse y no sólo la mitad, como sucede con el esquema vigente desde 1997. Una pensión equivalente a su último salario, siempre y cuando no rebase el monto del salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, casi 17.000 pesos en 2024. De acuerdo a la propuesta original, los recursos saldrán del fondo semilla o Fondo de Pensiones del Bienestar creado en abril, financiado con las cuentas de ahorro para el retiro que no han sido reclamadas por los ahorradores mayores de 70 años.
Las pensiones también serán costeadas con los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial, a los que hasta el momento el Gobierno no tiene acceso por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los recursos que se reúnan de la extinción de siete órganos autónomos y entes reguladores que Morena y sus aliados buscan desaparecer con otra reforma constitucional. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). También se echa mano de las utilidades que generen las empresas del Estado administradas por el Ejército a través de la Secretaría de la Defensa Nacional: Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Debido a que las fuentes de financiamiento ya están consideradas en el decreto del Fondo de Pensiones, la ley secundaria que entró en vigor en junio, han sido suprimidas del proyecto de reforma constitucional.
“Esta iniciativa no va a atender a todos los trabajadores, como prometió el presidente, ni va a asegurar el 100% del último salario del trabajador, es una mentira. Es para un pequeño núcleo de trabajadores y serán solamente garantizados 16.700 pesos, nada más”, dijo el diputado Héctor Saúl Téllez a nombre del PAN. Sin embargo, dejó claro que su bancada no regatearían ningún apoyo a los trabajadores. El proyecto también fue aprobado por unanimidad de 38 votos.
Ninguno de los dictámenes ha sufrido cambios de fondo respecto a las propuestas presidenciales, únicamente modificaciones de forma. Las pocas reservas que han presentado legisladores de todas las fuerzas plíticas aunque fueron aprobadas y recibidas por la instancia, también son parte de la herencia que dejarán a la próxima legislatura para su discusión en el pleno. Le siguieron dos dictámenes más: las reformas que garantizan que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación anual vigente y que las remuneraciones para trabajadores del Estado como maestros, policías, personal médico y de enfermería, así como miembros de las Fuerzas Armadas, sean justas.
La cuarta y última reforma constitucional aprobada en la comisión la noche de este jueves ha sido la que propone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se convierta directamente en constructor de vivienda, un giro importante para el organismo que hasta ahora ha fungido únicamente como administrador del fondo para vivienda al que los patrones están obligados a hacer aportaciones periódicas. Otra de las modificaciones propuestas es que el Infonavit ponga en renta viviendas para los trabajadores a precios controlados, ajenos a los costos del mercado inmobiliario. El 9 de agosto la comisión discutirá y votará cinco dictámenes de igual número de cambios constitucionales. Las reformas más polémicas han sido programadas para la última semana del mes. La comisión sesionará nuevamente este viernes para desahogar dos proyectos más de reformas constitucionales propuestas por el presidente mexicano: en materia de vías y transporte ferroviario; así como el que establece la austeridad republicana como principio rector para la correcta administración del presupuesto, así como el tope salarial para servidoras y servidores públicos.
Información de: El País
