Las llamadas Áreas de Defensa Nacional, zonas fronterizas otorgadas a las fuerzas armadas, ya cubren una porción importante del límite de Estados Unidos con México.
De a pocos, una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México se está convirtiendo en territorio militar. La expansión de las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), que, desde abril, son zonas otorgadas al Ejército bajo un sistema relacionado con el de las bases militares convencionales, ha continuado en la última semana con el anuncio de dos nuevas, una en Texas y otra en Arizona. Junto con las dos anteriores creadas en los últimos meses, cerca de mil kilómetros de tierra adyacente a la frontera pasaría a ser, en la práctica, del Ejército, empoderando así al cuerpo militar para hacer arrestos de migrantes —a pesar de que sobre el papel eso solo lo pueden hacer cuerpos de seguridad enfocados a lo civil—. La movida, más silenciosa que las redadas o el despliegue de la Guardia Nacional en varios Estados, es otro paso más en la militarización del control migratorio que Donald Trump ha impulsado desde el primer día de su segundo mandato.
La primera nueva NDA será administrada como parte de la base militar conjunta de San Antonio y cubrirá aproximadamente 400 kilómetros (250 millas) a lo largo del Río Bravo, en los condados de Hidalgo y Cameron, en el extremo sureste de Texas, de acuerdo a un comunicado de la fuerza aérea. La otra cubrirá unos 160 kilómetros (100 millas) en el oeste de Arizona, y será considerada parte de la estación de los Marines en Yuma, de acuerdo a varios reportes, aunque no ha habido un anuncio oficial. Eso se suma a la NDA que cubre 100 kilómetros (63 millas) desde Fort Bliss, en El Paso, a otra en Nuevo México, que abarca la práctica totalidad de los 270 kilómetros (170 millas) de frontera nacional que tiene el Estado.
Desde su concepción a mediados de abril, las NDA han sido polémicas. De acuerdo al Gobierno, son tierras federales que han sido designadas como áreas militares, lo cual permite que el personal militar patrulle, detenga a personas por intrusión y lleve a cabo “operaciones de seguridad”. Ante esto, varios críticos, entre ellos entidades como el centro Brennan para la Justicia, una institución legal apartidista, han alertado que la estrategia está diseñada para evitar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales, como los militares, participar en tareas de seguridad que corresponden a los cuerpos civiles. Los abogados del centro argumentan que este permiso debe ser otorgado por el poder legislativo o la Constitución.
Pero las críticas no se han traducido en recursos legales y las NDA ya están funcionando de manera eficiente, generando unos 1.400 arrestos de migrantes en un par de meses, de acuerdo a AP.
Las detenciones se han hecho por intrusión en suelo militar, pero los migrantes pasan rápidamente a la custodia de las autoridades migratorias, que añaden sus propios cargos por entrada ilegal a Estados Unidos. Así, las NDA se han convertido en parte del despliegue que ha reducido drásticamente, más de un 90%, los cruces irregulares a lo largo de toda la frontera sur desde que volvió Trump a la Casa Blanca. En mayo, el último mes del que se tienen registros, hubo 12.452 encuentros con migrantes indocumentados, comparado con los 170.000 que hubo el mismo mes del año pasado, o los 240.000 de 2022.
Si bien ha habido resistencia a la aplicación de cargos de seguridad nacional por intrusión a zonas militarizadas que llevan un castigo potencial de 18 meses en prisión —un juez en Nuevo México desestimó más de 100 casos contra migrantes bajo el argumento de que los acusados no sabían que estaban entrando a una zona restringida—, los cargos federales de entrada ilegal no son debatibles. Es lo que dejó claro hace unas semanas el fiscal Justin Simmons del oeste de Texas: “Vamos a seguir adelante con estos cargos NDA”, dijo. “Vamos a seguir presentándolos, puede que ganemos en ellos, puede que no… Al final del día, no se les va a permitir permanecer en este país si entran ilegalmente”.
La cuestión de la propiedad de la tierra de la nueva NDA en Texas
En el Valle del Río Grande, la inmensa mayoría de las tierras que bordean el río son de propiedad privada. Eso es en parte lo que dificultó la construcción del muro fronterizo en esta zona en el pasado. La propiedad privada de los terrenos obligaba al Gobierno federal a demandar a los propietarios para quedarse con parte de sus tierras.
Pero en el caso de la nueva NDA de Texas, la clave está en el propio río. Dado que sirve de límite internacional entre Estados Unidos y México, es gestionado conjuntamente por ambas naciones (en el lado estadounidense, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) es quien está a cargo). Como el curso y la trayectoria del río pueden cambiar, lo que puede hacer que Estados Unidos ceda o gane nuevas tierras a medida que se desplaza la línea fronteriza internacional, la IBWC mantiene el control del río. Ese control es en parte lo que permitió a la comisión demandar a finales de 2019 a un terrateniente privado que había comenzado a construir un tramo de muro fronterizo privado a pocos metros del agua durante el primer mandato de Trump.
En el comunicado anunciando la nueva NDA, el Ejército afirma que este se establece en terrenos que le han sido “transferidos” por la IBWC. Los 400 kilómetros en cuestión abarcan probablemente cada metro de ribera fluvial que serpentea los dos condados más al sureste del Estado.
Pero eso no deja claro cómo afectará la designación de la NDA a los cientos de propietarios de tierras a lo largo del río. En Nuevo México, el Ejército dijo a los ganaderos que se les permitiría “pasar por delante de las señalizaciones” sin problemas para atender a los rebaños de ganado que pastan en cesiones y arrendamientos de tierras federales. Sin embargo, por el contrario, otros reportes citan al Ejército advirtiendo a cazadores y excursionistas de Nuevo México de que podrían ser procesados por entrar en las nuevas zonas militares.
Información de: EL País.
