La Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y policías estatales, incluyendo al exgobernador Silvano Aureoles, por los delitos de homicidio, tortura y abuso de autoridad cometidos en 2017.
Un juez de Control concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán 16 órdenes de aprehensión contra servidores públicos involucrados en el operativo policial del 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La medida judicial responde al asesinato de cuatro habitantes y las lesiones provocadas a una decena de personas durante dicha incursión.
Entre los mandamientos judiciales destaca la orden de captura emitida contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. A ambos exfuncionarios se les imputan los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura en relación con los eventos ocurridos en la zona de la Meseta Purépecha.
La autoridad judicial también autorizó 14 órdenes de aprehensión adicionales dirigidas a elementos de la policía estatal que participaron directamente en el operativo. Según la información proporcionada por la fiscalía local, se presentaron los elementos probatorios suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de los agentes en las agresiones contra los pobladores de la localidad.
La actual administración de la FGE, bajo la titularidad de Carlos Torres Piña, integró la carpeta de investigación que derivó en estas determinaciones tras nueve años de los hechos. El expediente consigna que el uso de la fuerza pública resultó en una masacre que afectó la integridad de los habitantes de Arantepacua, generando recomendaciones previas de organismos de derechos humanos.
Proceso penal
El cumplimiento de estas órdenes de aprehensión representa una nueva etapa en el proceso legal por los actos de violencia registrados durante el sexenio anterior. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ejecutadas, pero se mantienen activos los protocolos de búsqueda y localización de los 16 sujetos señalados por el juez de Control.
El caso Arantepacua permanece como uno de los expedientes de mayor relevancia en materia de derechos humanos en el estado de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública y las instancias de procuración de justicia estatales informaron que se mantendrá el seguimiento puntual al desarrollo de las audiencias iniciales conforme se logren las capturas correspondientes.
