La denuncia anónima de 32 páginas que se entregó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el pasado 9 de abril contra el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y veinte personas más, describe un esquema dirigido por el propio Zaldívar y el ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para presionar, intimidar, extorsionar y acosar jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, con el fin de obtener resoluciones favorables al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a los intereses personales y económicos de los ex servidores públicos involucrados.

El pasado viernes se dio a conocer que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, dio trámite a la citada denuncia anónima, de acuerdo a la normatividad del Consejo de la Judicatura, organismo regulador de jueces y magistrados federales, el cual permite que las quejas o denuncias se presentan por cualquier persona o servidor público que tenga conocimiento de hechos en los que existan indicios de la existencia de faltas administrativas y probable responsabilidad de servidores públicos, incluyendo quejas o denuncias de carácter anónimo.

En este marco, Aristegui Noticias obtuvo el anónimo que dio origen a la investigación revelada el pasado viernes, con lo que se inició una investigación contra varios ex colaboradores del ex ministro Arturo Zaldívar por presuntamente atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo. Además, se logró verificar la autenticidad del documento con fuentes del más alto nivel.

La denuncia anónima contra el ex ministro Arturo Zaldívar y casi una veintena de sus ex colaboradores sostiene que existió un modus operandi durante su gestión como titular del Poder Judicial de la Federación para presionar a jueces y magistrados con dos grandes propósitos, favorecer al gobierno de AMLO con resoluciones que no frenaran sus proyectos estratégicos como el Tren Maya y alterar litigios para obtener grandes beneficios económicos o políticos.

En todos los casos, Zaldívar y sus tres principales operadores Carlos Antonio Alpizar Salazar, Netzaí Sandoval Ballesteros y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, los cuales presuntamente trabajaban bajo las órdenes o en complicidad con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Según la denuncia entregada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la relación de subordinación y complicidad entre Zaldívar y Scherer obedeció a que el exconsejero Jurídico operó al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Zaldívar cumpliera su sueño de dirigir el Poder Judicial de la Federación.

El escrito que sirvió para que la UGIRA abriera una investigación formal señala que en un principio Zaldívar y sus tres principales colaboradores solían operar para beneficiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en litigios sobre el Tren Maya, la cancelación del NAIM y la construcción del AIFA, obras en las que se exigía que no concedieran amparos o suspensiones.

Además, se señala que en procesos penales contra presuntos narcotraficantes o líderes delictivos, jueces y magistrados eran invitados a supuestas reuniones de “sensibilización” con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes en realidad presionaban e intimidaban a los impartidores de justicia.

Los cinco principales involucrados son:

1. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

2. Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación y ex Secretario Técnico del Consejo de la Judicatura y ex Secretario Técnico de la Presidencia del CJF.

3. Julio Scherer Ibarra

4. Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y actualmente magistrado

5. Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y hoy coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.