Un memorando de la Oficina de Asesoría Legal fechado el 23 de diciembre de 2025 evaluó bajo qué parámetros Donald Trump podía autorizar el operativo en Caracas.
Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 -11 días antes del operativo en Caracas- y dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSC), concluyó que el presidente estadounidense podía autorizar una operación militar limitada para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, siempre que se cumplieran determinadas condiciones. El informe determinó que esta acción no violaría la Constitución ni el derecho internacional.
El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) antes de la captura de Maduro el 3 de enero, sostuvo que el presidente contaba con base jurídica suficiente para ordenar el uso restringido de fuerzas militares destinadas a detener a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial. Según el análisis, la operación no equivalía a una campaña bélica ni superaba el umbral constitucional de guerra. “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”, afirma el texto.
El memorando señala que Trump no necesitaría la aprobación previa del Congreso para una intervención limitada bajo esta estrategia. La OLC sostiene que la decisión sería válida si el jefe de Estado determinaba que Maduro representaba una amenaza grave y directa para los intereses nacionales estadounidenses, siempre que se respetaran los límites de proporcionalidad y duración.
El despliegue militar, detalla el informe, se clasificaría como apoyo a una acción de aplicación de la ley y no como una invasión ni como una campaña bélica sostenida. Así, el uso de la fuerza estaría justificado para proteger intereses vitales de Estados Unidos y responder a amenazas atribuibles directamente a Maduro.
Entre los fundamentos principales del memorando se destaca que la intervención debía interpretarse únicamente como respaldo a la captura. La OLC remarca que el operativo debía limitarse a esos objetivos, evitando la ocupación o la permanencia de tropas.
El texto rechaza calificar automáticamente la intervención como una violación inadmisible de la soberanía venezolana, siempre que la acción tuviera como exclusivo objetivo la detención de Maduro para su enjuiciamiento en territorio estadounidense. “La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo”, afirma el documento.
El memorando argumenta que la figura clave no sería la extradición, sino la “rendición extraordinaria”. Este mecanismo habilita el traslado forzoso del venezolano sin proceso judicial local, basado en el principio Ker-Frisbie, que permite el enjuiciamiento en tribunales federales de personas capturadas por la fuerza fuera de Estados Unidos, salvo que tratados internacionales o leyes específicas lo impidan.
La OLC justifica su postura en la peligrosidad atribuida a Maduro, acusado de narcotráfico, de mantener vínculos con organizaciones armadas extranjeras como las FARC y Hezbollah, y de haber endurecido la represión tras las elecciones de 2024. El informe advierte sobre el riesgo de desestabilización regional y la negativa de Maduro a dejar el poder voluntariamente, según información de inteligencia.
En el plano operativo, el plan preveía un asalto en Fuerte Tiuna, complejo militar en Caracas donde Maduro se resguardaba habitualmente. El memorando propuso acciones con fuerzas especiales en helicópteros, apoyo aéreo para enfrentar defensas antiaéreas y sabotaje eléctrico para reducir la capacidad de respuesta. El objetivo era maximizar la sorpresa y reducir bajas, anticipando la resistencia de los cuerpos de seguridad leales a Maduro.
El texto advierte que durante el operativo existía la posibilidad de que la esposa de Maduro, Cilia Flores, estuviera presente y señala que es “conocida por ser más agresiva y combativa que su marido”.
El informe reconoce diversos riesgos: posible escalada militar, represalias de aliados internacionales de Maduro y consecuencias políticas y diplomáticas adversas. También señala incertidumbre sobre la reacción de los altos mandos militares venezolanos y sobre la cohesión interna de organismos multilaterales respecto a la legitimidad de la operación.
El documento enfatiza que su análisis es estrictamente jurídico y no contempla factores de política exterior, estabilidad interna en Venezuela ni impactos a largo plazo. No ordena ni recomienda ejecutar la operación: solo define si sería legal hacerlo. Y advierte: “Que el Presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”.
La OLC concluyó que, mientras la operación se mantuviera dentro de los parámetros planteados —sin alcanzar el nivel de una guerra—, la autoridad presidencial sería suficiente para autorizarla.
Los puntos clave del documento
- Trump puede autorizar la captura de Maduro: “El Presidente podría determinar razonablemente que la operación propuesta sirve a intereses nacionales importantes”.
- La operación no equivale constitucionalmente a una guerra: “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”.
- No se necesita autorización previa del Congreso: “Dado que la operación no cruzaría el umbral constitucional de guerra, no sería necesaria una autorización previa del Congreso”.
- Se trata de una acción de “law enforcement” (aplicación de la ley) con apoyo militar: “La operación propuesta constituiría un apoyo a la aplicación de la ley y no un conflicto militar a gran escala”.
- El objetivo debe ser capturar, no matar: “La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo (…)Una operación destinada a matar, en lugar de capturar, plantearía cuestiones legales sustancialmente distintas”.
- La base legal depende de los supuestos del Ejecutivo: “Nuestro análisis parte de los supuestos fácticos presentados por el Poder Ejecutivo (…) La Oficina de Asesoría Legal no verifica de manera independiente las evaluaciones de inteligencia”.
- El propio gobierno reconoce riesgos elevados: “Los riesgos de la misión son significativos.”
- Una operación fallida podría generar represalias: “Podría llevar a Maduro a tomar represalias contra intereses de Estados Unidos en la región”.
- La legalidad no elimina el costo político: “Que el Presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”.
Once días después del envío de este informe, en un episodio histórico, Donald Trump autorizó la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos sin intervención de organismos internacionales.
Información de: Infobae
