La defensa del líder opositor aseguró que su representado se encuentra bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en Venezuela.
El abanderado de la coalición opositora de Venezuela Edmundo González Urrutia no pedirá asilo en ninguna embajada tras la orden de captura emitida en su contra por el régimen de Nicolás Maduro, así lo confirmó este martes su abogado José Vicente Haro, quien aseguró, además, que el líder opositor se encuentra bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en Venezuela.
Haro, en declaraciones a la prensa, afirmó que “no se ha pedido el asilo, ni se ha planteado esa opción en la familia”. El líder antichavista permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, luego de denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar prueba alguna.
Según la Fiscalía servil al régimen de Maduro, González Urrutia enfrenta acusaciones que incluyen “usurpación de funciones”, “instigación a la desobediencia de leyes” y “conspiración”, entre otros cargos. A pesar de la orden de captura, su esposa, Mercedes de González, sigue en la residencia familiar, preparada para cooperar con las autoridades si se produce un allanamiento.
La comunidad internacional ha condenado la persecución contra González Urrutia. Estados Unidos evalúa “una serie de opciones” para mostrar a Maduro que “sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias”, según indicó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, al tiempo que Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como “injustificada”.
Los gobiernos de Brasil y Colombia también expresaron su “profunda preocupación” por la orden de arresto, considerando que esta medida obstaculiza los esfuerzos por una resolución pacífica de la crisis venezolana.
Además, la Unión Europea (UE) y la ONU han expresado su rechazo a la orden de captura, enfatizando la necesidad de proteger los derechos humanos en Venezuela.
En un comunicado conjunto, países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también rechazaron “de manera inequívoca y absoluta” la orden de captura contra González Urrutia.
“La disposición busca silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política”, indicó el comunicado, añadiendo que en Venezuela “no hay separación de poderes ni garantías judiciales mínimas, y donde abundan las detenciones arbitrarias”.
La orden de captura contra González Urrutia se emite en un contexto de creciente tensión en Venezuela, donde la oposición ha denunciado la falta de transparencia en las elecciones presidenciales del 28 de julio. A pesar de que el CNE proclamó a Maduro como ganador, la oposición ha presentado pruebas que demuestran la victoria de González Urrutia. La publicación de estas pruebas en una página web de la PUD ha sido uno de los detonantes de la actual persecución.
El régimen de Maduro ha desestimado estas denuncias, tachándolas de “documentos forjados” y utilizando la página web como base para las investigaciones penales en contra del líder opositor.
La orden de captura sigue al desacato de tres citaciones por parte de González Urrutia, quien ha alegado que el Ministerio Público actúa como un “acusador político” sin garantías de independencia judicial.
Maduro ha pedido públicamente cárcel tanto para González Urrutia como para la líder opositora María Corina Machado, quien también se encuentra bajo resguardo. Los responsabiliza de la violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, entre ellos un centenar de menores de edad.
(Con información de EFE y AFP) vía Infobae
