El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro argumentó que la orden de Trump va contra el ‘debido proceso’ para los empleados federales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado por una orden ejecutiva que facilitaría el despido de empleados públicos de alto nivel.
El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a empleados del gobierno estadounidense en 37 agencias y departamentos, afirmó en una demanda presentada en un tribunal federal de Washington el lunes por la noche que la orden de Trump iba en contra de la intención de los legisladores, ya que el Congreso estableció “derechos al debido proceso” para los empleados federales de carrera.
“La Orden Ejecutiva transformará radicalmente el servicio civil al aumentar drásticamente el número y tipo de empleados que están en una nueva categoría de servicio exceptuado y corren el riesgo de ser despedidos sin derecho a acción adversa”, según la demanda. La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El desafío legal es el último de lo que se espera sea una ola de litigios en respuesta a la amplia gama de órdenes ejecutivas de Trump firmadas en su primer día en el cargo el lunes.
Demandan intento de Trump de terminar con ciudadanía de niños de padres migrantes
Ya se ha presentado una demanda contra el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres están en el país de forma ilegal o temporal.
Además, un sindicato que representa a cientos de miles de empleados federales demandó a la nueva administración por su iniciativa emblemática de reducción de gastos liderada por el multimillonario Elon Musk.
La orden de Trump reinstaura una que emitió poco antes de perder las elecciones presidenciales de 2020.
Elimina algunas protecciones del servicio civil al crear una nueva clasificación de trabajadores federales conocida como “Schedule F”.
El expresidente Joe Biden revocó la orden en su tercer día en el cargo, antes de que entrara en vigor. La orden de 2020 también enfrentó impugnaciones legales por parte de los sindicatos de empleados públicos.
Información de.EL Financiero
