En aquel entonces se hizo efectivo un acuerdo en el que se estableció la facultad de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública (correspondientes a las fuerzas civiles, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).
Debido a una controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, la SCJN analizó el decreto presidencial y, durante la sesión del 29 de noviembre de 2022, ratificaron la validez del acuerdo.
Con una mayoría de ocho votos, el Pleno de la SCJN determinó que el decreto se apegaba a las facultades del Ejecutivo según lo estipulado en la Ley de la Guardia Nacional, por lo que no se habrían invadido las funciones del Poder Legislativo.
Aquel día, Esquivel Mossa fue una de las que votó a favor de mantener el acuerdo debido al escenario de violencia que impera en el país.
“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia. Hoy analizamos este tema fundamental para la sociedad, la obligación primaria del Estado que es la de seguridad pública, creo que es uno de los principios fundamentales que debemos observar”, defendió durante la sesión.
La cercanía entre la ministra y el presidente no son un tema nuevo, ya que los tentáculos de este vínculo incluso llegan al esposo de la funcionaria, José María Rioboó.
Por tales motivos, sumado al escándalo de su tesis de licenciatura, ha habido quienes incluso solicitaron no sólo el abandono de sus aspiraciones para presidir la SCJN, sino su expulsión del máximo tribunal.
