El Poder Judicial de Oaxaca ordenó la apertura de una investigación en contra del juez José Gabriel Ramírez Montaño, luego de que ordenó la liberación inmediata de tres de los presuntos agresores de la saxofonista.
Pocas horas después de que un juez del Poder Judicial del Estado de Oaxaca ordenó la liberación inmediata del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual del intento de feminicidio con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, una jueza de circuito revirtió la decisión y dejó sin efecto la boleta de libertad.
A través de un comunicado dirigido al director del Centro Penitenciario Varonil del Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, la jueza María Antonia Esteva Domínguez ordenó el reingreso de Vera Carrizal, Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, quienes de igual manera son señalados como responsables del delito de feminicidio en grada de tentativa.
“Me permito informar: Queda sin efecto boleta de libertad que fue ordenada a favor de los imputados antes mencionados y se ordena permita el ingreso de los mismos para que continúen con la medida cautelar originalmente impuesta en esta causa penal”, indicó.
De acuerdo con lo informado, esta orden surgió luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca condenó la determinación del juez José Gabriel Ramírez Montaño e informó que se interpondrían los recursos legales necesarios para revertirla.
“Para la FGEO, el fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento del TSJ de Oaxaca es insuficiente y vejatorio a los derechos de la víctima, toda vez que la Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género a cargo del caso, aportó todas las pruebas necesarias respecto a la participación –en distintas formas—de las personas indiciadas en el ataque con ácido contra la víctima”, informó.
Poder Judicial de Oaxaca inicia investigación contra juez: “Se investigará a fondo la conducta dudosa”
Durante la audiencia llevada a cabo la tarde del 14 de agosto, el juez José Gabriel Ramírez Montaño determinó que ni Vera Carrizal ni sus coacusados debían enfrentar cargos por tentativa de feminicidio a causa de falta de pruebas, según argumentó. Derivado de ello, ordenó su inmediata liberación.
Tras el fallo, María Elena Ríos no dudó en denunciar lo sucedido en redes sociales. “Ganó la corrupción. 20 minutos le tomó a este juez corrupto la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia”, escribió en X, antes Twitter.
Las reacciones de activistas y organizaciones no se hicieron esperar, así como tampoco la de las autoridades estatales, como el gobernador Salomón Jara Cruz.
“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”, declaró.
Por su parte, la titular del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, ordenó la apertura de una investigación en contra el juez Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.
“Se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, aseveró.
De acuerdo con la FGE, durante toda la investigación, la institución llevó a cabo un proceso apegado a técnicas científicas, lo que permitió sustentar con documentación, el tipo de relación y complicidad de los actores. Por tal motivo, se argumenta, no había motivo para que fueran absueltos.
“No obstante de las pruebas presentadas, las declaraciones, los cientos de fojas de investigación que integraron la carpeta, el juez José Gabriel Ramírez Montaño emitió una sentencia absolutoria contra los acusados, lo que deja en evidencia que el proceso legal careció de perspectiva de género por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, pues incluso, se desestimaron pruebas médicas certificadas que demuestran que la vida de la víctima estuvo en riesgo por las heridas ocasionadas por la abrasión sufrida por el ácido sulfúrico”, apuntó la fiscalía.
María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, hecho que le provocó quemaduras graves en al menos el 90% de su cuerpo.
Información de: Infobae
