Tras la aprobación de la Reforma Judicial, los diputados del oficialismo van por la reforma a la Guardia Nacional, que busca imponer un modelo totalmente militar.
Para empoderar a la Guardia Nacional, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PVEM van ahora en la Cámara de Diputados por modificar 12 artículos de la Constitución, con esto buscan imponer un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el Proyecto de Decreto, se disponen a aprobar reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, fundamentalmente para “adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, “definir a la GN como fuerza de seguridad pública, profesional de carácter permanente, de origen y formación castrense con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
También, “impedir servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas aspirantes a un cargo al Congreso de la Unión”.
Incluye, facultar al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacionales en labores de seguridad ciudadana.
También, facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que, en su caso, realice el presidente de la República.
Se añade que el presidente de la República podrá disponer de la GN para la seguridad interior y defensa exterior en caso de estimarlo necesario; reconocer a los miembros de la GN los derechos, prestaciones y seguridad social iguales a los de las Fuerzas Armadas.
Obligará a los miembros de la GN sólo para fines disciplinarios al fuero militar; se considera a la GN como “coadyuvante en la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público”.
Lo anterior con el objeto de “fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos”.
Información de: El financiero
