El ex dueño de AHMSA pretende cancelar el acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares; ha cubierto menos de la mitad y dejó de pagar en 2023.
Bajo argumentos legales, Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), solicitó a la justicia federal la anulación de su causa penal por lavado de dinero y la cancelación del acuerdo reparatorio que lo obligaba a cubrir 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), derivado de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.
La operación, realizada en 2013, involucró la venta de una planta con 14 años sin operar y que habría provocado un daño al erario por 216 millones de dólares.
Ancira salió del Reclusorio Norte en abril de 2021 gracias a un acuerdo que le permitió enfrentar el proceso en libertad. Cumplió con pagos parciales por 104 millones 166 mil 50 dólares, pero en 2023 dejó de abonar los 112 millones 497 mil 990 restantes.
En escritos presentados por su apoderado legal, Gabriel Reyes Orona, Ancira sostiene que Pemex “simuló un daño que nunca tuvo” y que Proagroindustria, la empresa que adquirió la planta, no era una entidad pública ni subsidiaria de Pemex, además de que los recursos de la compra no habrían provenido de fondos públicos.
En enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó su reaprehensión por incumplir con el pago, pero el juez no concedió la orden luego de que Pemex se opusiera y se otorgara una prórroga que venció en noviembre de ese año, sin que el empresario cubriera el adeudo.
Según las investigaciones, meses antes de convertirse en director de Pemex, Emilio Lozoya recibió de Ancira un depósito de 3.5 millones de dólares; ya en el cargo, aprobó la compra.
Ancira salió del Reclusorio Norte en abril de 2021 gracias a un acuerdo que le permitió enfrentar el proceso en libertad. Cumplió con pagos parciales por 104 millones 166 mil 50 dólares, pero en 2023 dejó de abonar los 112 millones 497 mil 990 restantes.
En escritos presentados por su apoderado legal, Gabriel Reyes Orona, Ancira sostiene que Pemex “simuló un daño que nunca tuvo” y que Proagroindustria, la empresa que adquirió la planta, no era una entidad pública ni subsidiaria de Pemex, además de que los recursos de la compra no habrían provenido de fondos públicos.
En enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó su reaprehensión por incumplir con el pago, pero el juez no concedió la orden luego de que Pemex se opusiera y se otorgara una prórroga que venció en noviembre de ese año, sin que el empresario cubriera el adeudo.
Actualmente, Ancira, ciudadano estadounidense, reside en San Antonio, Texas, sin que las autoridades hayan solicitado nuevamente su captura.
