En una ceremonia realizada en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, las autoridades del CNE acompañados del presidente de la República, Daniel Noboa y otros altos funcionarios del Estado, inauguraron la jornada de este domingo. Los 4.322 colegios electorales se abrirán a las 07:00 para los más de 13.6 millones de ecuatorianos puedan elegir en la Consulta Popular y Referéndum. La elección definirá si se realizan reformas judiciales, legales y constitucionales sobre el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y la seguridad en las prisiones, la extradición, el incremento de penas, el trabajo por horas, el arbitraje internacional y si el Estado se vuelve propietario de los bienes obtenidos ilícitamente.

Esta jornada también definirá el futuro político del presidente Noboa, pues podría darle el impulso que necesita para elegirse en el 2025 para un periodo completo. Si la pierde, podría significar un tropiezo en su carrera política.

El presidente Daniel Noboa arribó al lugar acompañado por su esposa, la primera dama de la nación, Lavinia Valbonesi. Ambos fueron recibidos por la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Este domingo será la tercera vez en poco más de un año que los ecuatorianos acudirán a las urnas a votar por una consulta popular. En febrero de 2023 ya lo hicieron con la impulsada por el expresidente Guillermo Lasso, que perdió aparatosamente, y en la consulta sobre dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Este domingo, 13 millones de electores deberán votar por once preguntas que, según el gobierno de Daniel Noboa, deben aprobarse para combatir a las bandas narcoterroristas y atraer inversiones. Los ecuatorianos en el exterior también podrán votar en los consultados salvo en Israel, México, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua. Nuevamente, se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con la extradición de connacionales desde Ecuador, una pregunta que perdió con Guillermo Lasso pero que podría ganar con Noboa.

Estas son las primeras elecciones de la historia nacional bajo el estado de conflicto armado interno. Para reforzar la seguridad más de 96.000 efectivos, entre policías y militares, resguardan los centros educativos que han sido adecuados como recintos electorales. Se ha dado máxima seguridad para aquellos en las ciudades más conflictivas.

Las Fuerzas Armadas desplegaron 39.000 de sus miembros, mientras que la Policía convocó a 57.082 agentes. En términos generales, los militares resguardan los colegios electorales junto al apoyo de la Policía, también han sido desplegados en las cárceles y en los sectores estratégicos. Al finalizar la jornada los militares deben asegurar el material electoral que será trasladado desde los recintos hasta los centros de procesamiento. La Policía, en cambio, deberá velar por la seguridad ciudadana.