De acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el modelo de sistema de pensiones privatizadas en Chile —impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet— fue copiado por 29 países entre los años 1981 y 2014, y de estos, 13 en Latinoamérica. De esta cifra, 18 países habían revertido este sistema al año 2018 por el deterioro de las pensiones y los malos resultados, quedando Chile, México, Colombia y Perú entre los que lo conservan y a las puertas de una reforma que, en el caso de Chile, se podría dar con la llegada del nuevo gobierno de Gabriel Boric.

El descontento con este sistema de capitalización individual y las bajas pensiones que ofrece fue uno de los detonantes del estallido social de 2019 que llevó a un acuerdo político para redactar una nueva Constitución que trajera profundas reformas al país y terminara con las violentas protestas.

En Chile, cada trabajador y trabajadora tiene la obligación de aportar el 10% de su sueldo mensual a una de siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para cubrir el retiro laboral una vez que la mujer cumpla los 60 años y el hombre, los 65.

LAS CRÍTICAS AL SISTEMA

Rodolfo Márquez, coordinador ejecutivo de la propuesta de previsión del programa de gobierno de Boric, lo califica como “un sistema que fracasó, al no lograr construir buenas pensiones y eso se demuestra en los datos de que el promedio de pensiones autofinanciadas, después de 40 años de ejercicio, está en los 330 dólares mensuales y si vas a la mediana, está en 193 dólares mensuales. Esos 330 dólares representan aproximadamente el 80% del salario mínimo en Chile”.

Como reacción al aumento de las críticas a su gobierno, el presidente saliente, Sebastián Píñera, presentó un nuevo proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que fue aprobado en la Cámara de Diputados de Chile este 3 de enero y, de allí, pasó al Senado.

Si bien esta iniciativa, que contempla una base de 218 dólares para el 80% de las personas de menores ingresos, es vista como un avance por parte del equipo de Boric, persisten las dudas en cuanto a su financiamiento y a los posibles problemas que pudiera traer al nuevo gobierno.

En conversación con Forbes, Márquez dice que la PGU “carece de coherencia” porque debe ir acompañada de una reforma integral y no financiarse “por la disminución del aporte al fondo de reserva de pensiones, las holguras fiscales y los ingresos de crecimiento que tuvimos este año en concreto y que son un evento extraordinario, más no permanente”.

“Es lo contrario a lo que uno recomienda en materia de seguridad social y hoy día no están asegurados todos los recursos para financiar esa Pensión Garantizada Universal, porque pasaríamos de pagar 1.2 puntos del PIB, que es lo que hoy día se gasta en pagar el pilar solidario, a gastar 2.2 y esto no está completamente financiado según lo que hemos podido analizar”, agrega.

LOS TRES PILARES DE LA PROPUESTA DE BORIC

En este escenario, el equipo del Presidente izquierdista tiene una propuesta basada en tres pilares:

• Pilar no contributivo o universal, que consiste en una pensión básica para todas las personas, independiente de si cotizaron o no. El monto tendría una base que alcanzaría, eventualmente, los 294 dólares mensuales. Este pilar estaría financiado por recursos fiscales. “El fisco gasta actualmente en el sistema de pensiones básicas solidarias 1.2 puntos del PIB, que son un poco más de 3,400 millones de dólares, aproximadamente. Este gasto, nosotros estamos planteando aumentarlo a 2 puntos adicionales. Eso va de la mano con una reforma tributaria“, detalla Márquez.
• Pilar contributivo, donde se recaudan las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y los empleadores. Este pilar, a su vez, tiene dos componentes: uno de ahorro y otro para transferencias solidarias. “Un tercio, máximo, se puede usar para financiar esta modalidad de reparto y el resto de la tasa de cotización se va a ahorrar para invertirlo y obtener rentabilidad de manera colectiva”, especifica.
• Pilar de ahorro voluntario, para que las personas que puedan y quieran ahorrar en forma voluntaria y complementaria a lo obligatorio, tengan la opción de elegir instituciones privadas para que los administren. Y en este punto estaría contemplada la participación de las AFP, “si así lo deciden (…) cuando hablamos de desprivatizar el sistema, hablamos del pilar contributivo obligatorio, de ahí es donde nosotros, al menos en el programa, planteamos eliminar a las AFP”, puntualiza Márquez.

El sistema de esta propuesta estaría administrado por un organismo público del Estado, con un patrimonio propio, separado del gobierno de turno “para que no haya incidencia en la administración de los manejos de pensiones“, añade el asesor de Boric.

LA MIRADA ACADÉMICA

Al analizar la propuesta, Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, advierte que la mayor debilidad de la propuesta del equipo del presidente electo es que “una rentabilidad mínima de los fondos no es asegurada, excepto solo si hay un componente importante de subsidios, lo que hace que el sistema puede ser potencialmente no sostenible”.

“Este es el gran pasivo fiscal contingente que tiene la propuesta de Boric, lo que puede implicar un porcentaje importante del PIB a futuro (más gasto público y más impuestos)”, agrega.

Además, Castañeda califica como compleja la aprobación de la reforma al sistema de pensiones debido a la conformación del futuro Parlamento, dividido y sin mayoría.

“En muchos países, cuando las pensiones son generosas, con altas tasas de reemplazo, casi siempre estas son financiadas en un monto importante por el Estado. Esto ocasiona que tengan altos niveles de deuda pública (con altos pagos de intereses en el presupuesto de la nación), lo que también afecta la equidad intergeneracional”, continúa el académico.

Este último punto, sin embargo, lo refuta el equipo de Boric: “La deuda pública se emite cuando no tienes fuentes de financiamiento permanente para cubrir los gastos. Y, en este caso, el pilar no contributivo —el mayor gasto del Estado— se va a financiar con los recursos que se van a obtener de mayor recaudación en forma permanente con la reforma tributaria que queremos hacer. Y en el pilar contributivo, el sistema paga beneficios con base en lo que aportan los que cotizan”, sostiene Márquez.

La reforma de pensiones está entre los temas más urgentes del gobierno de Boric, pero desde su equipo contemplan que vaya de la mano de una reforma tributaria que debería hacerse en primera instancia.

Por su parte, la reforma se ha convertido en la segunda iniciativa con más votos en ingresar a la Plataforma de Participación Popular de la Convención Constitucional, sitio desarrollado para que el público pueda someter directamente iniciativas a la entidad encargada de elaborar la nueva Constitución chilena.

La iniciativa “Con Mi Plata No, Defiende tu Ahorros Previsionales” obtuvo 15,000 firmas para que la Convención la considere y busca que la Constitución garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros, que sean heredables y que se pueda elegir entre depositar los fondos en instituciones públicas o privadas.

¿QUÉ PASARÍA CON LAS AFP EN ESTA PROPUESTA?

Todo indica a que, durante los primeros años, un sistema reformado sea un modelo híbrido entre lo público y lo privado, debido a que 11 millones de inscritos en el sistema actual -siete millones de ellos activos- deben hacer una transición, con la opción de poder elegir si cambian sus ahorros en las AFP a un nuevo sistema o los dejan y sólo cotizan los años que le quedan de trabajo bajo el nuevo formato.

“En nuestra propuesta, las AFP están consideradas que sigan existiendo porque se le pone fin como el mecanismo obligatorio de ahorros, pero proponemos una transición que podría tomar más de 20 años, dependiendo en cuanto se demoren las personas para cambiarse. Pueden seguir administrando el stock de la gente que se quiere quedar ahí, más el pilar de ahorro voluntario. En el pilar contributivo, no tendrían ningún rol”, advierte Márquez.

Por su parte, el gremio de las AFP declaró a Forbes que “comparten la necesidad de garantizar mejores pensiones. El reto es encontrar una solución que atienda a las demandas ciudadanas y que, a la vez, cuide la sustentabilidad financiera y fiscal del sistema, no olvidando que el mercado del trabajo en Chile aún tiene brechas”.

En ese escenario, visualizan tres claves para avanzar: además de establecer una Pensión Básica Universal financiada por el Estado, las AFP creen necesario un sistema de ahorro voluntario y un sistema de ahorro basado en cuentas individuales con libertad de elección.

“Esto último responde a atributos que hoy son importantes para la ciudadanía, como también lo son la propiedad y la heredabilidad de los fondos”, indicó la Asociación de AFP en una declaración escrita enviada a Forbes.

¿CUÁLES SON LAS FALLAS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE?

Más que fallas en la administración de los fondos por parte de las AFP, José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, indica que la raíz del problema son los bajos salarios y las lagunas previsionales.

“Con las AFP se introduce mayor responsabilidad fiscal en el financiamiento de las pensiones, al existir estos recursos en las cuentas individuales. La eliminación de las AFP pasa por un clamor popular de endosarles a ellas lo bajo de las pensiones que reciben las personas, siendo conocido que esto pasa por fuertes lagunas previsionales y bajos salarios”.

En este punto coincide Castañeda, de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. “Las bajas pensiones (tienen un 30% de tasa de reemplazo) han hecho que el sistema sea impopular, y que tenga una carencia de legitimidad en gran parte de la población. Pero estas bajas pensiones tienen razones múltiples, las que no dependen solamente del sistema de AFP, sino de bajos salarios, falta de densidad cotizacional (años de informalidad laboral sin cotizaciones), entre otras”.

Sin embargo, desde la esquina de Boric, Márquez dice que las promesas originales del sistema proyectaban tasas de reemplazo en torno al 70-80% por sus creadores. “Las AFP proyectaban en los años ’80, en una portada del diario El Mercurio, que los chilenos se iban a jubilar en 2020 con el 100% de su salario y la realidad es que las tasas de reemplazo están del 30% hacia abajo. Por lo tanto es un sistema que carece de componentes de solidaridad y las pensiones son muy malas, se deterioran en el tiempo y por ende va de la mano con la caída de la rentabilidad”.

LATINOAMÉRICA A LA ESPERA

Chile fue un país pionero en reformar su sistema de pensiones a inicios de los años 80. En este sentido, Ruiz destaca que varios países siguieron el modelo chileno de cambiar su sistema de reparto por uno similar al de capitalización individual.

“Es por ello que la experiencia nueva de Chile llevará, al menos, a una reflexión de hacia dónde se deben dirigir sus sistemas de pensiones. Dado el fuerte aumento de la longevidad a nivel mundial, es que se requiere de sistemas de pensiones que tengan financiamiento de diversas fuentes (empleadores, trabajadores y Estado)”, puntualiza el académico de la Universidad de Chile.

En Perú y México, la crítica hacia el modelo de capitalización individual aumenta cada vez más.