México está evaluando cómo regular las condiciones de los trabajadores en la economía colaborativa, conocida como “gig”, de rápido crecimiento en el país, lo que podría implicar cambios legales, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

El país está trabajando con el Instituto de Seguridad Social (IMSS) y las autoridades de Ciudad de México en un plan para regular las plataformas digitales, indicó Alcalde en una entrevista este jueves. Aún no hay una propuesta, indicó, pero en los próximos meses debería haber un plan más claro.

Contratistas de aplicaciones de todo el mundo han presionado para que se amplíen los derechos laborales, lo que llevó a la Corte Suprema del Reino Unido a dictaminar que los conductores de Uber Technologies Inc. son trabajadores a los que se les debe pagar por el tiempo de espera, y al Ministerio de Trabajo de España a prometer el acceso a la seguridad social. Empresas como Uber y y DiDi Global Inc argumentan que el acuerdo actual les da a los conductores la libertad de ser sus propios jefes y de utilizar recursos que de otro modo estarían inactivos.

“Hay varias vías” de hacerlo, dijo Alcalde. “Puede ser más bien paulatino, por ejemplo, buscar un mecanismo flexible en el IMSS que no requiera necesariamente de una modificación legislativa. Pero, también, una reforma a la ley sería necesaria para dar certeza a esas actividades que resultan ser nuevas”.

Las empresas han estado involucradas en algunas de las conversaciones relacionadas con el otorgamiento de seguridad social, señaló. En la economía gig, los conductores, mensajeros y repartidores de alimentos se emplean a través de aplicaciones creadas por empresas de tecnología para teléfonos inteligentes, pero los trabajadores no se consideran empleados.

Prohibición de subcontratación

El mes pasado, conductores de Uber y Lyft Inc. en las principales ciudades de Estados Unidos organizaron una huelga para exigir mejores salarios y el derecho a sindicalizarse, una señal de la lucha cada vez más intensa de los trabajadores subcontratados por más garantías laborales.

En abril, México prohibió la subcontratación laboral como parte de los esfuerzos del Gobierno para combatir la evasión fiscal. Durante mucho tiempo, algunas empresas habían utilizado entidades independientes para emplear a sus trabajadores a fin de evitar los impuestos sobre la nómina y las cuotas de seguridad social. La nueva ley está funcionando, dijo Alcalde, y los principales empleadores han absorbido recientemente a más de 2,6 millones de empleados.

La funcionaria advirtió que no habrá una nueva prórroga del plazo que tenían las empresas para poner fin a la práctica de subcontratación más allá de principios de septiembre.

Trabajo de medio tiempo

En cuanto a la economía gig, la secretaria dijo que la pandemia impulsó la demanda de servicios como la entrega de paquetes, por lo que es una prioridad para el Gobierno regular el sector.

“Queremos llegar a un punto de equilibrio”, señaló Alcalde. “Hay muchos que trabajan en esas aplicaciones, pero lo hacen de manera eventual y solo conducen un Uber en su tiempo libre. Y es diferente de la subcontratación porque no hay un reconocimiento como trabajadores”.

Recientemente, México ha buscado que las empresas cumplan con una ley laboral nacional de 2019 y las disposiciones de derechos de los trabajadores descritas en un acuerdo de libre comercio renovado de América del Norte. Esta semana, trabajadores de una planta de General Motors Co. en Silao, Guanajuato, votaron para cancelar su contrato sindical. La votación surgió como un caso de prueba importante para el acuerdo comercial, luego de informes de violaciones de los derechos laborales en la planta.

“El sector automotriz y todas las empresas ubican como foco rojo lo sucedido en GM y tomarán sus precauciones, digamos, las medidas necesarias para que este fenómeno no se repita”, dijo Alcalde.