La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará este miércoles si concede al gobierno de Chihuahua la calidad de víctima ante el desfalco de 246 millones de pesos de que fue objeto en 2016, cuyos recursos fueron a parar a campañas del PRI, de acuerdo con una publicación del periódico Milenio. De ser así, el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, podría  regresar a prisión, derivado de una sentencia de seis años y por el cual se encuentra amparado.

En entrevista con Milenio, el fiscal de Chihuahua, César Peniche, confió en que la resolución de la Corte abra la posibilidad de que el estado recupere la causa penal que le quitó en 2018 un Tribunal Colegiado de Circuito, al otorgar la calidad de víctima a la Federación y por el cual la propia PGR se desistió para no proceder penalmente contra Alejandro Gutiérrez.

Reveló que “la anterior administración pública federal quitó investigaciones que tenían claramente como intención favorecer a este personaje, que después de permanecer nueve meses en prisión obtuvo el apoyo de la PGR para atraer el caso. Y una vez estando en sus manos, sorprendentemente y contrario a toda la evidencia, decidió decretar el desistimiento de la acción penal, es decir, dejaron bailando 240 millones de pesos”.

Peniche explicó que la resolución de la Corte puede permitir al estado retomar el expediente y aunque regresaría a un juez federal, hay un entorno político favorable a las investigaciones, porque “desde luego lo hará con una Fiscalía General de la República que, desde nuestro punto de vista, garantiza que el asunto se lleve ahora sí conforme a derecho”.

“El actual poder Ejecutivo federal muestra una disposición a resolver o darle trámite a los asuntos de corrupción, cosa distinta de lo que ocurrió en la anterior administración federal”, subrayó.

En marzo de 2016, el entonces secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, solicitó al gobierno de César Duarte que entregara 246 millones de pesos que previamente fueron enviados desde la Secretaría de Hacienda y autorizados por la Unidad de Políticas de Control, que encabezaba Issac Gamboa.

De ese dinero, solicitó enviar cerca de 2 millones de pesos a Colima, donde se desarrollaba una elección extraordinaria. El gobierno que recibió los recursos, determinó que para evitar ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, regresaría los recursos vía dinero de las arcas del estado y justificado a través de recursos pagados por la Secretaría de Educación.

En septiembre de 2018, luego de haber pasado 9 meses encarcelado en un penal de Chihuahua , Alejandro Gutiérrez,  salió de prisión para seguir su proceso en libertad. Sin embargo, dependiendo del fallo que este miércoles emita la Suprema Corte, el empresario saltillense podría perder nuevamente su libertad.

Información de: el Heraldo de Saltillo