Son casi 10 los rubros en los que México apareció en el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos por varios factores, algunos de ellos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador está involucrado por la estigmatización hacia activistas feministas, defensores de derechos humanos y periodistas en sus mañaneras.
“En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente criticó duramente a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que habían cuestionado las acciones gubernamentales, y los acusó de ser ‘conservadores’ y ‘opositores’”, relató la organización.
Las cifras de organizaciones en México no dejan lugar a dudas sobre la situación que se vive al respecto, pues mientras Artículo 19 reportó al menos 13 periodistas asesinados durante 2022, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) registró hasta 72 activistas asesinados en todo el año.
Amnistía Internacional relató en su informe La situación de los Derechos Humanos en el Mundo que desde el gobierno federal, el presidente López Obrador mantuvo la estigmatización hacia artistas feministas y defensores de derechos humanos que protestaron por la inacción de su administración hacia hechos de violencia.
Se precisó que en 2022, incluso las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia manifestaciones de mujeres, al tiempo que denunció una “violencia estructural” en contra de este sector de la población.
Aunque Amnistía Internacional reconoció únicamente a 10 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados durante el año pasado, registró que en México los activistas fiueron continuamente objeto de amenazas, encarcelamientos y torturas, mientras que las familias de algunos de ellos también recibieron amenazas.
La organización recordó los casos específicos de Trinidad Baldenegro, aseisnado en Chihuahua, y de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morena y Joaquín Mora, asesinados en Urique, también en el estado de Chihuahua, como casos de asesinato de defensores de derechos humanos; el primero, de origen indígena y en el caso de los padres, reconocidos como defendores en la Sierra Tarahumara.
En ese punto se recordó el caso de las filtraciones de Guacamaya, en las cuales se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio seguimiento a las actividades de distintas organizaciones en todo el país, entre ellas la misma Amnistía Internacional.
2022, un año letal para los periodistas
MIentras que en el caso de los periodistas, Amnistía Internacional detalló que el año 2022 los homicidios alcanzaron niveles máximos, con casos como el de José Luis Arenas asesinado en Veracruz; Margarito Martínez en Baja California; Lourdes Maldonado, también en Baja California; Roberto Toledo y Armando Linares, ambos del mismo medio en Michoacán y Luis Enrique Ramírez, en el estado de Sinaloa.
En este caso se dijo que algunos casos quedaron sin investigarse, mientras que el Mecanismo de Pretección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siguió sin cumplir con sus objetivos de salvaguardar la vida de estos sectores, pues algunos de los comunicadores asesinados contaban con medidas oficiales de protección.
Amnistía Internacional también documentó el uso del software de espionaje Pegasus para la vigilancia tanto de activistas como de periodistas en el país, hecho que en este año ha sido cuestionado nuevamente hace unas semanas con el caso del activista Raymundo Ramos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Para este caso se recordó la respuesta del presidente López Obrador a los señalamientos por el uso de Pegasus contra dos periodistas, entre ellos Ricardo Raphael, un activista y un político opositor, fue que su administración ya no espiaba.
El informe no se limita a migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, sino que se considera también la violencia contra mujeres y niñas, sobre desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones y reclusiones arbitrarias, así como violaciones a los derechos humanos de integrantes de la comunidad LGBT.
