En la industria eléctrica, la CFE se convertirá en el Robin Hood de la energía
De aprobarse la iniciativa preferente que en materia de industria eléctrica envió recientemente al Congreso el Presidente de México, la transición energética que despegó en medio de un clima favorable durante el sexenio pasado, tendría que regresar a la pista y efectuar un aterrizaje de emergencia.
A grandes rasgos, la iniciativa consiste en echar abajo la generación privada de energías renovables y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, priorizar la compra de energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la Empresa Productiva del Estado, por sobre la que se produce en las industrias eólicas y fotovoltaicas.
Sin duda que esta reforma es un salto más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional impulsada por la Secretaría de Energía en 2019, la cual, por cierto, fácilmente fue impugnada por las empresas afectadas y por algunos grupos ecologistas. A diferencia del débil argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro, promovido por la secretaria del ramo, Rocío Nahle, ahora el Presidente ha señalado a su reforma como un “asunto de interés nacional y de seguridad energética”.
Luego entonces, ¡adiós a París! Los ecologistas y las empresas privadas de energía renovable habrán de esperar para que México regrese al Acuerdo de París. Las expectativas respecto a que el país pronto anunciaría una fecha para poner fin al uso de combustibles fósiles, principalmente el carbón, para la generación de energía eléctrica, tendrán que ajustarse hacia el futuro.
A la espera del rumbo que siga el Congreso, las señales que recibimos los consumidores finales de electricidad, parecen confusas y contradictorias.
Para los analistas en temas energéticos, el factor determinante que motivó al Presidente para enviar al Congreso la iniciativa en materia de industria eléctrica, no fue el “interés nacional” o el supuesto “saqueo” de las empresas privadas, sino los altos costos que presenta la CFE en la generación de electricidad en comparación con las particulares (en casos extremos se habla de hasta seis o siete veces más). Situación por la cual, bajo las reglas del modelo vigente, la paraestatal terminaría dinamitada, puesto que, con sus altos costos de producción, no tendría manera de competir con las eólicas y solares, condenándose a desaparecer del mercado.
Se deduce, por otra parte, que el Presidente de México estaría usando como pivote la baja de los precios del carbón y del gas, así como la eventual salida del mercado de las compañías privadas a razón de las nuevas condiciones institucionales que impondría la reforma, para relanzar a la CFE y asegurar la pronta recuperación de esta empresa.
La pregunta que se plantean los expertos, es si el nuevo modelo propuesto recientemente se impondrá a costa de sacrificar el costo para los consumidores finales de la electricidad.
Podría ser que durante el parlamento abierto que se organiza con el propósito de debatir dicha iniciativa, escuchemos argumentos de ambos lados de la moneda. En el entendido, por supuesto, que Morena y sus aliados posen la mayoría legislativa, por lo que, cabría esperarse que se impongan para su final aprobación.
Veamos. Por una parte, las empresas privadas productoras de electricidad, varias de ellas extranjeras, junto a los grupos de protección al medio ambiente, tendrían que argumentar que actúan en estricto apego a la libre competencia, sin privilegios y sin acuerdos al margen de la ley. También tendrán que demostrar que el beneficio social, vía precio al consumidor, consistencia y continuidad del servicio e impacto en el medio ambiente, es superior a las utilidades que obtienen por su actividad empresarial.
Del otro lado, el Gobierno de la República habrá de convencer que con su propuesta no trata de convertir a la CFE en una especie de Robin Hood de la energía, quitando electricidad a los ricos para otorgarla a los pobres. Evitando con ello, discutir aspectos esenciales de una economía moderna, como la eficiencia productiva, la innovación y el beneficio para el consumidor final.
Es decir, la 4T tiene la obligación de demostrar que no se trata de regresar al nacionalismo de los años 70, sino más bien de fijar un piso parejo para todas las empresas productoras de electricidad, incluyendo a la CFE. Asimismo, deberá garantizar que invertir recursos y proteger a la Empresa Productiva del Estado es una apuesta segura y que, además, habría un programa consistente con la protección del medio ambiente.
Resulta interesante saber cómo lograrán convencer a los expertos y a los consumidores, más allá de imponer la mayoría legislativa. Sobre todo, en un mundo en el que se habla cada vez más de vehículos eléctricos, cambio climático, energía verde y recursos renovables.
