La diputada Olga Catalán Padilla solicitó modificar la Ley de Asistencia Social para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, por afinidad o civil del Ejecutivo puedan fungir como directores generales o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.
El argumento de Catalán es que al cónyuge del gobernante en turno accede al Consejo y con ello a millones de pesos del erario público «personas que carecen de preparación, perfil y motivación adecuada».
A cambio propuso profesionalizar la alta dirección del DIF para mejorar los arreglos institucionales y prácticas administrativas que lleven a una función pública «profesional y eficaz».
La reforma contempla que el director del DIF sea un ciudadanos mexicano mayor de 30 años que disponga de un título profesional expedido por la Secretaría de Educación Pública en materia administrativa y que disponga de experiencia probada en asistencia social.
Además, deberán cumplir con los mismos requisitos legales de un director y no recibirá ningún sueldo compensatorio por su labor.
La prohibición también aplica para los secretarios o subsecretarios de Estado, sin embargo, el funcionario será designado o removido por el Presidente de la República.
Los integrantes del Consejo contarán con la facultad para emitir opiniones y recomendaciones sobre políticas y programas nacionales, así como contribuir a obtener recursos que incrementen el patrimonio del DIF.
Con información de Reforma y SDP Noticias
