¿No pueden o no quieren?

Ni todas las instalaciones eléctricas se pueden sustituir por aluminio, ni todos tienen los recursos para hacer la sustitución, y en cambio sí, todos son contribuyentes cautivos que aportan para mantener a una policía y a un ministerio público que no están dando resultados.

La decisión del alcalde de Saltillo de sustituir el cableado del alumbrado público, de cobre por aluminio, lleva implícito un reproche, primero al propio cuerpo de policía municipal, del que depende la prevención del delito, y, principalmente, a la Fiscalía del Estado que no ha cumplido con el combate al robo de cobre.

El uso de cableado de aluminio permitirá a Saltillo aminorar un problema que es un lastre para los gobiernos municipales de casi todo el estado, pero que también representa daños patrimoniales para otros órdenes de gobierno y fuertes pérdidas para sectores productivos, marcadamente el agropecuario.

En Torreón, por el robo de cable en tan sólo cuatro avenidas, el daño se cuantificó en un millón de pesos.

El Secretario de Educación ha dado a conocer que el robo de tubería y cables de cobre en el ciclo escolar anterior representó un costo de diez millones de pesos.

En La Laguna, Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y General Cepeda hay productores rurales que han sufrido repetidos robos de cable y otras instalaciones eléctricas, por montos difíciles de cuantificar.

Para el alumbrado público se encontró ya una alternativa, pero ni todas las instalaciones eléctricas se pueden sustituir por aluminio, ni todos tienen los recursos para hacer la sustitución, y en cambio sí, todos son contribuyentes cautivos que aportan para mantener a una policía y a un ministerio público que no están dando resultados.

Las corporaciones, se supone, están integradas por profesionales, y no está uno como espectador para decirles en qué forma hagan su trabajo, pero ¿cuántos son los chatarreros que comercializan con el cobre robado?, ¿cuántas personas habrá que tienen medios y conocimientos para manipular instalaciones eléctricas de alta tensión y robarse hasta los transformadores?. ¿Será muy difícil cerrar la pinza y dar con los ladrones?.

¿O no quieren proceder en contra de ellos?.

Si el asunto es que los términos actuales de la ley dificultan el proceder contra los ladrones de cobre, que lo diga el Fiscal y se promuevan las reformas necesarias, porque es inadmisible haya tal impunidad, que ya se vuelve histórica, en un asunto que afecta tanto a particulares como a gobiernos.

Escrito por Eduardo J. De La Peña

FUENTE: EL HERALDO DE SALTILLO