En un añejo vídeo se puede observar a Servando Gómez ‘La Tuta’ cuando, con sorprendente naturalidad, asegura que el grupo que él encabeza es “un mal necesario, pero afortunadamente estamos nosotros, porque si no estaría otro grupo”.

Como si se tratase de un acto organizado por alguna institución de gobierno, el nutrido grupo de habitantes congregados en la plaza principal de algún pueblo de Michoacán, escuchan atentos al líder templario; sin reparo alguno, asienten cada una de sus palabras, y se arremolinan a su alrededor, tratando que su mano alcance alguno de los billetes que reparte.

Por varios años intuimos que en algunos territorios del país, como en este pueblo de Michoacán, la autoridad no estaba a cargo del Estado. Vídeos como el descrito dejan en evidencia que la población de esos territorios asumió, con naturalidad, y ante la debilidad de las instituciones, la “autoridad” del crimen organizado.

Las consecuencias, usted las conoce. Pueblos vacíos. Familias abatidas. Escuelas y hogares abandonados. Municipios sin ley, sin autoridad.

Se ha avanzado, y lo valoramos. Sin embargo, con lo sucedido recientemente en Guadalupe, Chihuahua, o lo que escuchamos del estado de Guerrero, nos queda la sensación de que el Estado mexicano conserva todavía un déficit de control y autoridad en algunos pueblos y comunidades.

El ejército, nos dijeron, sería temporal y su presencia focalizada; hoy, a años de esa decisión, en algunas entidades federativas y en no pocos municipios, la estadía de la tropa, continúa siendo tan indispensable como ayer.

El Estado no debe ceder y claudicar frente a los males innecesarios. Mi opinión, estimado lector, es que lo que este país ocupa urgentemente es una profunda revisión del marco institucional y de gestión de las autoridades, principalmente las municipales. Si la solución está en el Mando Único, pues que venga. Si está en la intervención federal de los ayuntamientos, ante la sospecha de captura por parte de grupos organizados, ¡qué se le va a hacer!

Dirijamos nuestra exploración hacia otro de los evidentes vacíos de autoridad. Recientemente, en respuesta a la demanda que una organización de la sociedad civil interpuso en su contra, Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) afirmó, de nueva cuenta como si fuera lo más natural, que él “cobra por hacer política”. El gobierno mexicano le paga por movilizar a sus seguidores, por cerrar escuelas, por no presentarse para la evaluación magisterial. “¿Quéeeee?”

No pongamos el grito en el cielo. Siempre lo supimos o, al menos, lo intuíamos. El Estado mexicano pagaba a un buen número de maestros por hacer política magisterial, en ocasiones partidista. Los comisionados son la expresión administrativa de este antiguo hecho.

Sin embargo, la reciente reforma educativa se entiende como un manifiesto en donde el gobierno federal y los estatales se deslindan de esta práctica administrativa que, en realidad, era política. El Estado pagará, a decir de la reforma, sólo aquellos maestros que cumplan con funciones docentes frente a grupo, de dirección, supervisión o asesoría.

Un nuevo y complejo desafío para el sistema, para el Estado mismo. Funcionarios públicos que se autodefinen como males necesarios, “recibo un sueldo por no dar clases, y eso está mal, pero soy necesario porque hago política”.

A la instancia que recibió la denuncia en contra del líder sindical, podría bastarle como prueba definitiva la declaración del propio maestro, que de alguna manera “confiesa”, al expresar que “cobra por hacer política”.

Lejos quedaron aquellos días cuando los maestros que deseaban apoyar a sus compañeros en el trabajo sindical, lo hacían a contraturno, sin sacrificar a sus estudiantes, por la mañana a la escuela y, por la tarde, al sindicato. Queremos pensar que todavía quedan de esos maestros, ¿quién dice “yo”?

AHMSA EN CALMA

Después de las negociaciones que se llevaron a cabo entre los industriales del acero y la Secretaría de Economía, volvió la calma. Todo indica que los despidos programados, quedan cancelados. Pero habrá que estar atentos porque, como dijo recientemente Tereso Medina, líder de la CTM en Coahuila, “el riesgo sigue latente”.

Escrito por: Rubén Olvera Marines

Su Opinión: [email protected]