La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) decidió este miércoles dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente, Otto Pérez, por su supuesta participación en casos de corrupción, y pidió al Congreso evaluar retirarle la inmunidad.
“Se remitió al Congreso la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez”, informó en conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Josué Baquiax, tras acoger la petición hecha por el diputado opositor Amílcar Pop, del Partido Winaq, fundado por la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
Según Baquiax, los 13 magistrados analizaron “con independencia e imparcialidad la solicitud planteada” por el congresista, quien argumentó que el gobernante conocía de las operaciones ilícitas de altos funcionarios que cometieron fraudes en el sistema de aduanas y el seguro social.
Ahora le corresponderá al Congreso designar una comisión investigadora “que establecerá si el señor Otto Fernando Pérez Molina tuvo o no participación en los hechos que se describen en la solicitud de antejuicio”, explicó el presidente de la Corte Suprema.
El 16 de abril, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , un órgano avalado por Naciones Unidas para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas que, se estima, obtuvo ganancias por montos millonarios todavía no precisados.
Según la investigación del denominado caso “La Línea” , una red de altos funcionarios en el sistema tributario cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos. La banda supuestamente la dirigía Juan Carlos Monzón –ahora en fuga–, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
En vista de esta implicación, Baldetti se vio obligada a renunciar el 8 de mayo.
El 20 de mayo, otro episodio de corrupción salió a la luz pública al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el titular del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al presidente Pérez.
A ambos se les acusa de un fraude de alrededor de $15 millones contra el IGSS.
Tales casos han desatado protestas masivas de diversos sectores, los que han demandado en las calles la renuncia de Ott Pérez Molina para que se someta a la Justicia.
Sin embargo, el mandatario ha reiterado en varias oportunidades que no lo hará y concluirá su periodo de cuatro años, el 14 de enero del 2016.
