La libertad de expresión en la antigua colonia británica de Hong Kong está en sus horas más bajas 18 meses después de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Solo en las últimas semanas, una estatua dedicada a las víctimas de la plaza de Tiananmén, cuya memoria es aún un tabú para China, fue retirada de madrugada de la Universidad sin previo aviso; un periódico fue cerrado y varios de sus directivos detenidos, y un portal de noticias siguió sus pasos al temer por la seguridad de sus trabajadores. Todo ello después de que el territorio autónomo celebrara en diciembre las primeras elecciones solo para patriotas tras una reforma que permitió apenas una decena de candidatos independientes y que hundió la participación a un 30,2% del censo de 4,5 millones de votantes. La democracia en Hong Kong se apaga ante la posición cada vez más dura de Pekín ante cualquier atisbo de divergencia.
“¿Qué queda de la libertad de prensa en Hong Kong? ¿Cuál es el significado de periodismo si los periodistas no pueden informar sobre lo que al Gobierno no le gusta?”, se preguntaba en un hilo de Twitter el activista hongkonés Nathan Law tras la redada a la sede del periódico Stand News a finales de diciembre.
“He vivido en Hong Kong más de una década y, desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional no ha habido ni una sola semana en la que no hayamos tenido una mala noticia. Poco a poco se han ido socavando la mayoría de las libertades y avances democráticos de los que gozaba la ciudad”, sostiene Jean-Pierre Cabestan, jefe del Departamento de Estudios Gubernamentales e Internacionales en la Universidad Bautista de Hong Kong.
La secuencia de hechos es elocuente: desde la promulgación de la ley de seguridad en la Asamblea Nacional en Pekín, el 30 de junio de 2020, más de un centenar de personas han sido detenidas por cargos previstos en la norma —que incluye cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas”— y una cincuentena de activistas prodemocracia están entre rejas; los que continúan en libertad han adoptado un perfil bajo y cientos han elegido el exilio, según denuncian varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Activistas como Joshua Wong están encarcelados por su protagonismo en las manifestaciones de 2019 para reclamar reformas democráticas; otros, como Chow Hang-tung o Lee Cheuk-yan, por incitar a la participación en la tradicional vigilia anual por la masacre de Tiananmén —prohibida desde 2020 por las autoridades alegando la pandemia—, mientras que gran parte de los políticos prodemocracia cumplen condena o esperan juicio por la organización de unas elecciones primarias informales en el verano de 2020 que buscaban presentar una lista única ante los candidatos respaldados por Pekín.
“El punto de inflexión fue el arresto de los participantes en las elecciones informales de julio de 2020. Desde entonces, la tendencia ha sido forzar a la sociedad hongkonesa y a la comunidad política a ser más china”, afirma Cabestan. “La reforma del sistema electoral, la campaña contra las ONG y sindicatos, y ahora contra los medios de comunicación, son un reflejo directo de esa imposición”, añade.
A pesar de que la libertad de expresión es uno de los derechos consagrados en la ley básica de Hong Kong —y que, según lo pactado con el Reino Unido antes del traspaso de la soberanía en 1997, China debe garantizar al menos hasta 2047—, la posición del enclave en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ha caído estrepitosamente en los últimos años: si en 2002 se situaba en el puesto 18, en 2021 se había desplomado hasta el 80.
El primero de los grandes medios independientes en desaparecer fue Apple Daily. Con los directivos, incluido su propietario, Jimmy Lai, en prisión acusados de “confabularse con fuerzas extranjeras” —otro cargo que puede acarrear cadena perpetua bajo la ley de seguridad—, y sus cuentas congeladas, el último diario de la oposición en papel se vio obligado a cerrar el pasado 24 de junio. El periódico fundado 26 años antes se había convertido en la publicación crítica con Pekín más popular de Hong Kong, con 2,6 millones de seguidores en Facebook y más de 3 millones entre YouTube, Instagram y Twitter (la población de la antigua colonia británica es de 7,4 millones de habitantes).
La historia se repitió seis meses después, el 29 de diciembre, cuando la policía encargada de salvaguardar la ley de seguridad detuvo a la cúpula directiva de Stand News y las autoridades congelaron 6,9 millones de euros de sus activos. Dos de sus redactores jefes continúan arrestados, acusados de “conspirar y distribuir material sedicioso”, delito contemplado bajo el Decreto de Crímenes de la era colonial. El lunes pasado, un tercer medio, Citizen News, anunciaba su clausura debido “al deterioro del entorno periodístico”.
“Stand News y Citizen News cubrían el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, desde luchar por los derechos de la comunidad LGTBI, hasta los derechos laborales. Ahora no queda casi ninguno que haga reportajes de investigación sobre temas sociales y que exija responsabilidad a las autoridades”, apunta Kai Ong, miembro de Amnistía Internacional que se identifica con un seudónimo. “El entorno de represión e incertidumbre constante generado por la ley ha hecho imposible saber qué actividades podrían considerarse delitos”, agrega. Amnistía Internacional anunció en octubre el cierre de su oficina regional, después de que entre enero y septiembre medio centenar de organizaciones y sindicatos comunicasen también su disolución. El miedo y la autocensura han calado. Una encuesta del mes pasado de la Asociación de Periodistas de Hong Kong reveló que más de la mitad de los profesionales del sector en el enclave se autocensura a la hora de cubrir ciertos temas que podrían incomodar a Pekín.
“Todos los medios en idioma chino están tomando precauciones, y la mayoría están controlados por el Partido Comunista. El único que continúa siendo más o menos autónomo es Ming Pao”, señala Cabestan. Tras lo ocurrido con otros medios en la última semana, Ming Pao ha añadido en su sección de Opinión una cláusula de exención de responsabilidad en la que comunica que las críticas, si las hubiera, tendrían el objetivo de señalar errores con el propósito de remediarlos, sin “intención de incitar al odio, al descontento o a la enemistad con el Gobierno u otros sectores de la población”.
Finn Lau, uno de los líderes de las protestas de 2019, actualmente en el exilio, advierte de que “con esta campaña contra la libertad de expresión, las autoridades de Pekín y Hong Kong han fallado al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y a la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984″. Según el acuerdo firmado por la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, y su homólogo chino, Zhao Ziyang, durante 50 años tras el retorno a la soberanía china, la autonomía del Gobierno del enclave debía ser absoluta, excepto en asuntos exteriores y de defensa, siguiendo los principios de “un país, dos sistemas” y el de “una sola China”. Lau, sin embargo, asevera que “desde la promulgación de la draconiana ley de seguridad, la política de ‘un país, dos sistemas’ ha muerto”.
Este activista cree que es cuestión de tiempo que los pocos medios independientes que quedan desaparezcan: “El reto al que nos enfrentamos ahora es el de conectar a los hongkoneses prodemocracia que siguen allí con los que estamos fuera”. A pesar de las trabas, Lau se enorgullece de que la oposición “está haciendo todo cuanto está en sus manos para expresar el descontento” y señala como ejemplo la caída de la participación hasta su nivel histórico más bajo en las últimas elecciones legislativas de Hong Kong, ganadas por los candidatos pro-Pekín tras una reforma electoral que aseguraba la lealtad al Gobierno central de todos los aspirantes involucrados en estos comicios.
