El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio un nuevo giro. Y es que un tribunal federal puso un alto al intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por echar abajo el amparo que un juez había concedido al mandatario estatal, elemento que detuvo la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero había alegado que Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, no tenía razones para admitir la demanda de amparo, considerándola improcedente, argumentando que la propia Cámara de Diputados emitió la declaratoria de procedencia para el desafuero del gobernador.
Sin embargo, ahora el tribunal consideró que el juez de Distrito “actuó de forma prudente al admitir la demanda de amparo respecto de esos actos de autoridad, pues el pronunciamiento respectivo requiere de mayores datos y un estudio más exhaustivo, lo que es propio de la sentencia definitiva”.
A principios del pasado mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a suspender el desafuero promovido por la Cámara de Diputados contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el PAN; sin embargo, éste aún no puede ser detenido.
De acuerdo con la máxima autoridad judicial de México, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) tiene a su favor el amparo en cuestión, que impide cumplimentar la orden de aprehensión girada contra él por la Fiscalía General de la República (FGR).
La controversia señalada respecto a la inmunidad procesal del gobernador se refiere a la controversia constitucional 50/2021, la cual fue promovida por el congreso local de Tamaulipas, misma que pretendía impugnar la resolución de los diputados federales en San Lázaro que le retiraba el fuero a García Cabeza de Vaca.
Y ahora, por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito decidió que el juez que dio paso al amparo demandado por Cabeza de Vaca actuó de forma prudente al admitir el recurso, indicando que de lo contrario se podría caer en violaciones de derechos fundamentales.
Eso sí, el juez no se pronunció sobre el fuero del gobernador tamaulipeco: no dijo si lo conservaba pero tampoco dijo lo contario.
El gobernador de Tamaulipas alegó que las autoridades federales no están esperando a que él acabe su administración, lo que ocurrirá en octubre de 2022. Mientras que advirtió que aunque los diputados determinaron quitarle su inmunidad procesal, esa decisión no fue homologada por el Congreso estatal de Tamaulipas.
Cabeza de Vaca también subrayó que, en todo caso, la declaratoria de procedencia decidida en la cámara baja está impugnada a través de la controversia constitucional que promovió ante la Suprema Corte. Sin esa declaratiria, consideraron los magistrados, no puede procederse penalmente en contra de los servidores públicos, aunque sí una vez que hayan terminado sus gestiones.
Pero la FGR insistía en que en el caso de los gobernadores esa declaratoria de procedencia es útil para avisar a los legisladores locales, sobre señalamientos contra los políticos, y así estos decidan si quieren separar al inculpado de su encargo.
La Fiscalía de la República mantiene un caso abierto contra Francisco García Cabeza de Vaca por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de tal razón que para mayo del 2021 dicha institución obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador.
Sin embargo, dicha orden no pudo ser cumplimentada pues el militante de Acción Nacional aún cuenta con su fuero como gobernador.
La orden de arresto contra García Cabeza de Vaca se derivó de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, quien informó de una red entre 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntamente relacionadas al caso del gobernador.
