El senador por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planeó en 2011 un frustrado negocio con el que preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
El congresista fue socio de una firma uruguaya que firmó un acuerdo para asesorar en la ejecución de una planta eléctrica de la compañía pública Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el último tramo del mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
El senador y su socio en la empresa uruguaya, Daniel Sánchez Scott, esperaban cobrar 57,5 millones de euros por un “proyecto de asesoría inicial”. Y percibir hasta un total de 127 millones al culminar su trabajo de consultoría. La asesoría se centraba en una instalación proyectada por PDVSA en el poblado venezolano de El Manglillo, según los documentos.
Galindo no ocupaba ningún cargo público cuando planeó el negocio, pero era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, el órgano que toma las decisiones del partido tricolor. Antes de su desembarco en el Senado, el mandatario fue diputado federal (2012-2015), embajador en Cuba (2000-2001) y cónsul general de México en Chicago (1998-2000), entre otros puestos de una trayectoria dedicada a lo público que arranca en 1973.
A través de su sociedad uruguaya Mindaris, el político suscribió en 2011 un acuerdo de “prestación de servicios” con la fundación venezolana Terra Nova para cobrar de la petrolera estatal venezolana.
La Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera donde Galindo y su socio planearon ingresar 127 millones de PDVSA, se desmarcó de sus “clientes” en junio de 2011 después de que la entidad no recibiera la documentación requerida sobre la misteriosa operación con PDVSA. “Los clientes no se han presentado y la operación no se acaba de concretar, por tanto la desestimamos”, zanjó el banco en un acta confidencial.
Galindo niega a este periódico haber tenido una cuenta en la BPA, pero admite que fue accionista en un porcentaje que “no recuerda” de la firma uruguaya Mindaris. Su socio en esta empresa, sostiene, “fue un amigo mexicano que falleció”. “Mindaris se creó, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse ni un dólar. Ignoro si mi socio hizo gestiones con la BPA. No conozco el negocio del que me habla con PDVSA. Nunca estuve en Venezuela ni en Uruguay”, asegura por teléfono el congresista.
Pese a la negativa del representante priista, las actas confidenciales del departamento de prevención de blanqueo de la BPA recogen tres menciones a Galindo y a su socio entre marzo y junio de 2011. El hoy senador aparece como la segunda persona con más peso en el frustrado negocio millonario con la compañía pública.
El banco, incluso, tenía programada una reunión para aclarar detalles del negocio con el parlamentario y su socio, según los documentos. “Está prevista la visita de los representantes de las sociedades uruguayas”, anota la entidad el 31 de mayo de 2011.
Galindo aparece en documentos internos de la BPA como “ex PEP”, un apelativo que refiere a Persona Políticamente Expuesta, etiqueta que sirve en la jerga financiera para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Y es que el político priista, de 70 años, ocupa puestos en la Administración y empresas públicas desde 1973, cuando desembarcó como jefe de información en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Según los documentos, la sociedad Mindaris de Galindo tenía por objeto desarrollar estudios de viabilidad de una planta de generación eléctrica en Venezuela. Y selló un “acuerdo de prestación de servicios” con la Fundación venezolana Terranova que, a su vez, iba a recibir fondos del Gobierno chavista a través del Banco Nacional de Venezuela.
Una oscura fundación bajo el radar de la DEA
La BPA pidió al socio de Galindo información sobre la entidad intermediaria en el negocio con PDVSA, la Fundación Terra Nova. “Tenemos pendiente aclarar quién es el fundador de la ONG y una auditoría de la misma”. Y ante la negativa, el banco decidió en abril de 2011 encargar un informe sobre esta institución a la asociación académica privada International Center of Economic Penal Studies.
El documento de este organismo conecta a la supuesta ONG con un rosario de irregularidades. “La Fundación Terra Nova tiene cometidos bastante vagos […]. Desde su formación en Bolivia, se encuentra bajo indagatoria preliminar de la DEA de los EE UU. Se analiza el origen de los fondos presuntamente vertidos por Venezuela […]. Abundan las comisiones externas, triangulaciones inexplicables, contratos de consultoría muy gravosos…”, recoge un informe que vincula la entidad con “el círculo de Chávez”.
“En primera instancia, parecería un proyecto político, pero las fuentes de EE. UU. perciben que [la Fundación Terra Nova] puede ser la pantalla de fuente de corrupción”, añade el texto, que se nutre de distintas agencias gubernamentales estadounidenses e Interpol.
La relación de Galindo con la sociedad Mindaris no aparece en la ficha de la web del Congreso del parlamentario, donde el político se presenta como propietario de Ganaderías San Benito, el restaurante japonés Miyiko y la firma Asesoría y Consultoría.
Las actas internas de la BPA recogen que el banco acumuló numerosos documentos sobre el origen de los fondos de Galindo y su socio, como los acuerdos entre PDVSA y Terra Nova o una “carta enviada a PDVSA del pago a Mindaris”. Los documentos de la BPA también vinculan a Galindo y Scott con una segunda sociedad uruguaya, Mifegold, que —según un acta del banco— se dedicaba a la construcción, al desarrollo turístico y a los “concursos de obras”.
El senador y su socio anunciaron a la BPA su intención de depositar 25 millones de euros del primer anticipo del negocio en una cuenta en el principado europeo donde figuraría como titular una sociedad panameña. Los dos aterrizaron como clientes en el banco andorrano a través del que fuera su delegado en México, Joan March Masson.
La conexión de Galindo con la BPA se suma a la de otros dirigentes priistas desvelados por EL PAÍS que tocaron a la puerta de esta institución financiera andorrana. La nómina incluye al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; a los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones.
La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por las autoridades andorranas por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales. El grupo de exfuncionarios chavistas que saqueó presuntamente 2.000 millones de PDVSA o Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama corrupta de América, engrosaron la lista de clientes de esta institución financiera.
