Tambores ideológicos anuncian una nueva reforma laboral
Después de un sexenio de supuesta paz laboral, durante los primeros meses de la Cuarta Transformación se han presentado dos incidentes que han puesto candentes las relaciones entre trabajadores y patrones en México. La huelga consumada por 44 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, destacando el paro realizado por los trabajadores de la embotelladora Arca Continental, cuya demanda consistía en un incremento salarial del 20 por ciento, incluyendo un bono por 32 mil pesos, junto al emplazamiento en la multinacional Wal-Mart de México, podrían estar anunciando, por una parte, un estallido ideológico con efectos para ambas partes del sector productivo y, por la otra, el establecimiento de un detonante político para aminorar el poder de las centrales obreras que han conducido las relaciones obrero-patronales durante décadas en el país.
Ambos incidentes, que fueron legítimamente impulsados por los trabajadores con el propósito de abonar en la lucha por mejorar sus circunstancias laborales y acceder mejores condiciones de vida, también, hay que decirlo, tienen el aspecto de haber sido avivados por algunos integrantes de la corriente ideológica en el poder, con dos objetivos concretos: primero, tomar distancia de una supuesta “simulación de paz laboral” que, a decir del senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, prevaleció durante la pasada administración; segundo, allanar el camino para la reforma laboral que próximamente impulsará Morena que, entre otros aspectos, incluye armonizar la legislación con la reciente ratificación del polémico Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigido a fortalecer la libertad sindical individual y al debilitamiento de la afiliación colectiva de los sindicatos que a la fecha mantienen la cláusula de exclusividad en la contratación, asegurando con ello la “democracia sindical” que Gómez Urrutia adelantó desde septiembre de 2018.
Desde ya, los instrumentos y el enfoque que, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, reveló la presente administración, podrían estar acarreando un componente político-ideológico por lo menos polémico, incluso precursor de un candente debate en los ámbitos sindical, empresarial y legislativo del país.
Por principio de cuentas, la razón histórica asiste a Morena, no así los razonamientos técnicos que auguran presiones inflacionarias, cierre de empresas y despidos de trabajadores cuando el alza de los salarios se decreta, olvidándose de antes impulsar la productividad, o cuando se estimulan huelgas con presumibles debilidades en su encuadre legal.
Con sinceridad, los bajos salarios y las condiciones precarias en las que laboran los trabajadores de las empresas maquiladoras, principalmente mujeres; lo mismo que la pobreza y la desigualdad que imperan en el país, no han logrado revertirse por la simple ausencia de conflictos laborales presumida por la pasada administración. La baja en los emplazamientos y el estallido de huelgas, podrían incluso, como lo han establecido algunos académicos, estar reflejando la manipulación de los trabajadores para reprimir su derecho a inconformarse con las condiciones laborales que les ofrecen las empresas instaladas en el país.
El argumento emancipador es sugerente y atractivo. Un mejor salario y mejores condiciones para los trabajadores son razones suficientes para acelerar la aprobación de nueva política laboral. Pero habremos de tener cuidado de no caer en la trampa ideológica del salario por decreto o las banderas rojinegras al grito de “mueran los bribones que explotan a los trabajadores”.
Porque en realidad, cuando hablamos de empresas “abusivas” nos referimos a las micro y pequeñas empresas que representan el 95% de la planta productiva en el país y que generan más del 80% de los empleos. Estoy convencido de que las pequeñas unidades productivas no pagan bajos salarios porque así lo quieran o porque sean unos “bribones”, sino porque no tienen alguna otra forma de sobrevivir dada la baja productividad y competitividad con la que se desenvuelven.
Al mismo tiempo, te pregunto: ¿consideras que al amparo del Convenio 98 de la OIT que promueve la libre afiliación, los trabajadores lograrán una mejor posición negociadora frente a las grandes empresas, entre ellas las transnacionales?
Una respuesta podría ponderar que existe el riesgo de que sean los patrones quienes al ver fraccionada la fuerza de las representaciones sindicales, rebajen las condiciones favorables al trabajador pactadas con una central obrera fuerte, representativa y bien organizada (suponiendo que algo así exista en el país).
No descartemos que, en la búsqueda de un propósito político concreto, la próxima reforma laboral reduzca el poder histórico de los sindicatos y centrales obreras en favor de las grandes empresas o patrones, en perjuicio de los trabajadores, principalmente de aquellos que, como los guardias de seguridad, afanadores o choferes, históricamente han quedado fuera de los convenios colectivos y de la protección sindical.
